La Defensoría de la Niñez encendió las alarmas tras un informe de la Contraloría General de la República que reveló una grave falla en los controles del Estado: 164 personas legalmente inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes fueron contratadas por instituciones públicas entre 2020 y agosto de 2025.
El antecedente figura en el Consolidado de Información Circularizada N.º 19, elaborado por la Contraloría, el cual detectó que 72 organismos públicos mantuvieron en funciones a personas que tenían prohibición legal para desempeñar labores con contacto directo y habitual con menores de edad.
Frente a estos hallazgos, la Defensoría calificó la situación como de extrema gravedad, advirtiendo que estas omisiones expusieron a niños, niñas y adolescentes a “riesgos inadmisibles” y vulneraron de forma directa sus derechos fundamentales.
Fallas en controles obligatorios del Estado
La legislación chilena establece que toda institución pública debe verificar de manera previa y obligatoria el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de contratar personal que tenga relación con menores. Esta obligación está consagrada en el artículo 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925.
Sin embargo, el informe de Contraloría evidenció que esta verificación no se realizó o se aplicó de forma deficiente, lo que permitió contrataciones expresamente prohibidas por la ley.
Para la Defensoría de la Niñez, estos hechos reflejan graves falencias en los sistemas de control interno y en la responsabilidad administrativa de las instituciones involucradas.
“Velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional"
Oficios, exigencias y posible escalamiento institucional
Tras conocerse el informe, la Defensoría informó que oficiará a cada una de las entidades señaladas, solicitando información detallada sobre las personas contratadas, las fechas de sus inhabilitaciones y las medidas correctivas adoptadas.
Además, anunció que pidió una reunión con la contralora general, Dorothy Pérez, con el objetivo de abordar la situación de manera conjunta y definir acciones que impidan que estos hechos se repitan.
El organismo recalcó que velar por el interés superior del niño es una obligación transversal del Estado, consagrada tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la legislación nacional.
Riesgos y responsabilidades en evaluación
La Contraloría instruyó a las instituciones a poner término inmediato a los contratos irregulares y a iniciar sumarios administrativos para establecer responsabilidades. El caso abre un nuevo flanco de presión institucional y política, en momentos en que la protección de la infancia está bajo creciente escrutinio público.
La Defensoría fue enfática: estas situaciones no solo incumplen la ley, sino que debilitan la confianza en el Estado y en su rol protector, exigiendo cambios urgentes en los mecanismos de control y prevención.