En el contexto de la crisis socioambiental que afecta al sistema lacustre del Lago Vichuquén, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anunció que se priorizará el inicio del proceso de elaboración de Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) destinadas a la protección de las aguas de este cuerpo lacustre.
La implementación de estas normas permitirá establecer un estándar objetivo de calidad del agua, lo que posteriormente posibilitará la elaboración de un plan de descontaminación ambiental, con medidas y acciones específicas orientadas a la recuperación del ecosistema y de sus especies características.
Respecto a la situación actual del lago, la ministra recordó que durante 2025, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas (DGA), desarrollaron un trabajo técnico que derivó en una propuesta de protocolo para la apertura de la barra terminal del Estero Llico, en la comuna de Vichuquén. Dicho documento fue enviado en octubre del año pasado al municipio, con el objetivo de avanzar en su pronta implementación.
El deterioro del Vichuquén
La autoridad ambiental explicó que la elaboración de estas normas será priorizada en el Programa de Regulación Ambiental 2026-2027 del Ministerio del Medio Ambiente, lo que permitirá dar inicio formal al procedimiento de dictación de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental.
Según indicó la ministra Rojas, esta decisión responde al progresivo deterioro que ha experimentado el ecosistema del Lago Vichuquén en los últimos años, así como a la existencia de antecedentes técnicos suficientes que permiten iniciar este proceso regulatorio.
Finalmente, la secretaria de Estado señaló que el Ministerio del Medio Ambiente también se encuentra revisando las Normas Primarias de Calidad Ambiental para aguas continentales superficiales aptas para actividades recreativas con contacto directo, instancia en la que se evaluará la eventual regulación de cianotoxinas, un parámetro que, en determinadas concentraciones, puede restringir los usos turísticos y recreativos de los cuerpos de agua.