Tras la fuerte controversia generada por la llamada “ley de amarre”, el Gobierno decidió dar marcha atrás y ajustar la norma que regula las condiciones de desvinculación de trabajadores públicos incluidos en el proyecto misceláneo del Presupuesto.
La modificación fue anunciada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien señaló que el Ejecutivo respondió a las críticas y elevó de 2 a 5 años de servicio continuo el requisito para que un funcionario a contrata pueda reclamar ante la Contraloría General de la República por un despido considerado injustificado.
Originalmente, la propuesta contemplaba que quienes tuvieran al menos dos años en contrata pudieran recurrir a ese organismo, pero la medida desató protestas desde la oposición, que la calificó como innecesaria e incluso como un intento de blindar empleos, además de generar tensiones dentro de la coalición oficialista.
Desmintió amarre
Grau también desmintió versiones que hablaban de protecciones a cargos políticos, afirmando que, por primera vez se establecerá por ley que quienes ocupan puestos de confianza política deberán cesar sus funciones el 11 de marzo, en línea con el cambio de mando.
En conversación con Radio Duna, Grau manifestó que “lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años”.
“Por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”, precisó.
Pese al ajuste, algunas voces de la oposición mantuvieron su rechazo a la iniciativa, argumentando que la modificación todavía deja desprotegidos a funcionarios con menos de cinco años de servicio y que la jurisprudencia existente ya contempla mecanismos suficientes para revisar despidos sin necesidad de una nueva normativa.
Con estos cambios, el Gobierno busca recomponer apoyos en un Congreso polarizado y avanzar en la tramitación de un paquete de normas que incluye el reajuste de remuneraciones y otras materias vinculadas al sector público.