Este 12 de enero de 2026, Chile cerró de forma definitiva el Servicio Nacional de Menores (Sename), una institución que durante 46 años concentró la responsabilidad del Estado frente a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y a jóvenes en conflicto con la ley. El cierre marca el final de una era y, al mismo tiempo, el inicio de una profunda reestructuración del sistema de infancia.
El Sename fue creado en 1979 como el primer servicio público dedicado integralmente a la niñez y adolescencia. Con el paso de las décadas, acumuló funciones, tensiones y críticas: desde protección de derechos hasta administración de sanciones penales juveniles, todo bajo una misma estructura. Esa mezcla terminó convirtiéndose en uno de los mayores cuestionamientos al modelo.
Un cierre que venía en camino
Aunque el hito se concreta en 2026, el fin del Sename no fue abrupto. Desde 2021, el Estado inició un proceso de transición con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, enfocado exclusivamente en niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.
Más tarde, en 2023, se puso en marcha el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de ejecutar las medidas y sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Con esta separación, el Estado buscó corregir uno de los errores históricos del Sename: tratar bajo la misma lógica la protección y el castigo.
El reconocimiento implícito de un modelo agotado
El discurso oficial ha sido cuidadoso. Desde el Gobierno se habla de “aprendizajes institucionales” y de una “nueva etapa para el Estado de Chile”. Sin embargo, el cierre del Sename también representa un reconocimiento tácito de que el modelo anterior no funcionó como se esperaba.
Durante años, el Sename estuvo asociado a escándalos, informes críticos, denuncias por vulneraciones de derechos y cuestionamientos de organismos nacionales e internacionales. Su nombre se transformó en sinónimo de abandono estatal para amplios sectores de la ciudadanía.
Funcionarios, transición y continuidad
Uno de los puntos centrales del cierre fue el trato hacia los trabajadores. La autoridad destacó el compromiso de miles de funcionarios y equipos colaboradores que, pese a las limitaciones del sistema, sostuvieron la atención diaria de niños y adolescentes. Este énfasis no es menor: busca evitar que el cierre se lea como un “borrón y cuenta nueva” sin responsabilidades.
Las nuevas instituciones heredaron personal, experiencias y programas, con el objetivo de garantizar continuidad y evitar vacíos en la atención. Aun así, expertos advierten que el verdadero desafío no es institucional, sino operativo y territorial.
Lo que cambia y lo que no
Con el fin del Sename, el Estado apuesta por un sistema más especializado, con estándares diferenciados y objetivos claros: protección integral por un lado y reinserción social por otro. La promesa es clara: poner en el centro la dignidad, el bienestar y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Pero el cierre no elimina los problemas de fondo. La pobreza, la violencia, la exclusión social y la reincidencia juvenil siguen ahí. El éxito del nuevo modelo dependerá de presupuesto, formación de equipos, supervisión efectiva y coordinación con el sistema judicial, educativo y de salud.