La Pensión Garantizada Universal (PGU) puede ser suspendida o terminada si el beneficiario deja de cumplir con algunos de los requisitos establecidos en la normativa, advirtió la Superintendencia de Pensiones. El beneficio —que entrega un complemento a los pensionados más vulnerables— no es automático de por vida y está sujeto a ciertos criterios de permanencia.
Esto hay que tenerlo más claro que nunca, luego de la suspensión errónea del pago a cerca de 13 mil adultos mayores. Esto porque los afectados recibieran una carta donde se les informaba la cancelación del beneficio, bajo el argumento de que habrían permanecido más de 180 días fuera del país.
Uno de los motivos más comunes de pérdida de la PGU es declararse o encontrarse en una situación económica que exceda los requisitos de ingreso establecidos por la ley. Si la persona supera el umbral de ingresos máximos permitidos —lo que incluye rentas, pensiones y otros ingresos evaluables— puede dejar de ser elegible y perder el beneficio.
Asimismo, la PGU puede suspenderse si el beneficiario no actualiza sus datos personales o de contacto ante las autoridades competentes, como la Superintendencia de Pensiones o el Instituto de Previsión Social (IPS), situación que puede derivar en la interrupción del pago por falta de información válida.
La residencia...
Otro escenario que puede afectar la continuidad del beneficio es el incumplimiento de las condiciones de residencia estipuladas en la normativa: la PGU está pensada para personas que viven y residen efectivamente en Chile. Cambios de domicilio al extranjero sin la debida notificación o permisos pueden poner en riesgo la continuidad de la pensión.
Además, la ley considera que ciertos órdenes judiciales o condenas pueden llevar a la suspensión temporal o definitiva de la PGU, especialmente si afectan la calidad moral o jurídica del beneficiario de acuerdo con el marco legal.
Por último, la falsedad de declaraciones o la entrega de información incorrecta durante el proceso de postulación —como omitir ingresos, propiedades o condiciones de grupo familiar— también puede derivar en la pérdida del beneficio y en posibles sanciones administrativas o legales.