La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón.
Según el organismo, los hallazgos incluyen:
“Permisos concedidos a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”
La CGR instruyó sumarios administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público.
La fiscalización se realizó mediante informes finales que verificaron omisiones de controles exigidos por la Ley de Tránsito, entre ellos la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas y el cruce obligatorio con registros estatales antes de aprobar los permisos.
Más de 800 licencias con irregularidades en La Granja
En La Granja, el Informe Final N° 321/2025 estableció que “tres personas recibieron licencia de conducir mientras cumplían penas privativas de libertad, contraviniendo la Ley de Tránsito, que exige la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas”.
El documento añade que “se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en esa comuna”, situación detectada “tras el cruce de información con la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación”.
La CGR también verificó “la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”, quienes “mantenían deudas vigentes por un total de 11.111,911 UTM” al momento de la revisión.
Asimismo, el informe “expone cinco casos en que funcionarios municipales intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares”, participando en exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas o autorizando permisos desde cargos directivos.
Durante la auditoría, la Contraloría “requirió en 29 oportunidades antecedentes del sistema de licencias y los perfiles de usuario asociados; sin embargo, la municipalidad no entregó la información completa”. Ante ese escenario, el órgano contralor ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Licencias otorgadas a condenados en San Ramón
En San Ramón, la Contraloría observó “el otorgamiento de licencia de conducir a una persona que se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad”. Por ello, “ordenó paralizar el sumario iniciado por el municipio y remitir el expediente a la CGR, para que sea esta entidad la que determine eventuales responsabilidades administrativas”.
El Informe Final N° 367/2025 consigna que “se entregaron 73 permisos a personas que habían sido condenadas entre 2023 y 2024, no ajustándose a lo establecido en la Ley de Tránsito”. Además, “se verificó que se entregaron licencias de conducir a 55 personas que se encontraban inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”.
La auditoría agregó que “se otorgaron licencias sin cumplir con requisitos mínimos exigidos”, entre ellos pruebas de coordinación motriz, agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, recuperación de encandilamiento, visión de colores, audiometría y examen psicosensométrico.
Deficiencias administrativas y cobros fuera de norma
En la misma comuna, la CGR “comprobó el deficiente manejo documental del municipio”, con expedientes almacenados en contenedores tipo bodega, apilados en el suelo o en estantes improvisados, incluyendo licencias vencidas sin orden de archivo.
También “se constató que el municipio aplicó cobros superiores o inferiores a lo establecido en las ordenanzas vigentes”, generando diferencias por $1.742.335, de las cuales $277.903 corresponden a ingresos por derechos municipales no regulados.