Una investigación de alto impacto remeció a Valparaíso tras revelarse un caso extremo de violencia intrafamiliar que, según la Fiscalía, funcionaba bajo una dinámica de secta.
Un padre y una madre quedaron en prisión preventiva, acusados de:
- abusos sexuales reiterados
- maltrato habitual, y
- amenazas en contra de sus nueve hijos, quienes vivieron durante años completamente aislados del mundo exterior.
La indagatoria es llevada por la Fiscalía de Valparaíso junto a la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente su brigada especializada en delitos sexuales. De acuerdo con los antecedentes judiciales, los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2023, período en el que los niños permanecieron desescolarizados, incomunicados y bajo control absoluto de sus padres.
Una estructura de control total dentro del hogar
El Ministerio Público describió que el núcleo familiar operaba con reglas propias, cerradas al entorno, impidiendo cualquier contacto con instituciones, vecinos o redes de apoyo. Este aislamiento fue clave para sostener, por años, una estructura de dominación psicológica y física, donde las víctimas no tenían posibilidad real de pedir ayuda.
Las edades de los hijos van desde los 2 hasta los 20 años, incluyendo a un niño y ocho niñas. Según la Fiscalía, el padre fue formalizado como autor de abuso sexual reiterado respecto de cinco de sus hijas, además de maltrato habitual y amenazas contra los nueve. También enfrenta cargos por abuso sexual sin contacto, figura penal que apunta a conductas de connotación sexual ejercidas mediante control y coerción.
La madre, en tanto, fue formalizada como cómplice de abuso sexual respecto de cinco hijas y como autora de maltrato habitual y abuso sexual sin contacto. Para el tribunal, su rol fue activo dentro de la dinámica familiar, descartando que se tratara solo de omisión.
La denuncia que rompió el encierro
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por familiares en 2024 ante Carabineros. A partir de ese momento, la investigación avanzó con diligencias especializadas, entrevistas protegidas y análisis del contexto familiar. El fiscal del caso, Álvaro Mansilla, confirmó que la indagatoria se encuentra “sumamente avanzada y casi concluida”.
El tribunal decretó la prisión preventiva para ambos imputados al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y, especialmente, para la integridad de sus propios hijos. El plazo de investigación fue fijado en 60 días, período tras el cual la Fiscalía podría presentar acusación formal.