El proceso de actualización y expansión de la Ley Ricarte Soto se encuentra detenido de manera indefinida, lo que ha generado un impacto directo en el acceso a tratamientos para personas con patologías de alto costo. La paralización comenzó el 23 de diciembre de 2025, luego de que no se emitiera el informe financiero requerido por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda.
Este documento es un requisito obligatorio para continuar con la evaluación e incorporación de nuevas terapias al sistema de protección financiera que contempla la ley. Su ausencia ha impedido avanzar en la revisión de al menos 39 tratamientos, varios de ellos vinculados a enfermedades oncológicas, inmunológicas y poco frecuentes.
Impacto en pacientes por suspensión de la Ley Ricarte Soto
La falta de actualización ha dejado sin acceso a cobertura a más de 30 mil pacientes, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta 45 mil personas. Se trata de pacientes que esperaban la incorporación de tratamientos ya evaluados o que habían sido preseleccionados para ingresar al sistema de financiamiento.
La Ley Ricarte Soto garantiza actualmente cobertura financiera del 100% para terapias de alto costo, tanto a beneficiarios de Fonasa como, en ciertos casos, de Isapres. La suspensión del proceso implica que nuevas patologías y medicamentos no puedan ser incorporados mientras no se destrabe el trámite presupuestario.
Rol de Hacienda y Ministerio de Salud en la paralización
Desde el Ministerio de Salud, se ha indicado que la detención del proceso responde a la falta del pronunciamiento presupuestario de Hacienda, lo que impide avanzar en las siguientes etapas administrativas. Sin este informe, la normativa no permite continuar con la actualización del listado de patologías cubiertas.
En paralelo, el tema ha sido abordado en el ámbito legislativo, donde se han solicitado pronunciamientos institucionales y eventuales revisiones por parte de organismos fiscalizadores, ante la prolongación de la suspensión.
Ley Ricarte Soto y críticas por falta de actualización
La Ley N° 20.850, que rinde homenaje al activista Luis Ricarte Soto, fue creada para asegurar el acceso a tratamientos de alto costo que resultan inaccesibles para la mayoría de la población. No obstante, la normativa ha enfrentado críticas recurrentes por recursos insuficientes y retrasos en sus actualizaciones, siendo la última ampliación relevante anterior a 2019 en algunos ámbitos.
Mientras no se emita el informe de la DIPRES, el proceso de incorporación de nuevos tratamientos continuará suspendido, manteniendo sin cobertura a miles de personas que dependen de esta política pública para acceder a terapias de alto costo.