Durante la tarde de este lunes finalizó la primera audiencia de formalización contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la investigación del caso Muñeca Bielorrusa. Tras la audiencia, Vivanco quedó recluida “en tránsito”, a la espera de la continuidad del proceso judicial.
En la instancia, la defensa de la exmagistrada, encabezada por el abogado Jorge Valladares, solicitó que se declarara ilegal la detención. Sin embargo, dicha petición fue rechazada por el tribunal, permitiendo que la audiencia continuara conforme a lo programado.
Fiscalía solicitará prisión preventiva para Ángela Vivanco
El Ministerio Público defendió la legalidad del procedimiento policial y anunció que solicitará la medida cautelar más gravosa. “La Fiscalía va a solicitar que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto de doña Ángela Vivanco Martínez”, señaló el fiscal Marcos Muñoz durante la audiencia.
La investigación apunta a que la exministra habría recibido pagos irregulares para influir o acelerar fallos judiciales, en causas vinculadas a disputas comerciales y mineras de alto monto económico.
Querellantes y suspensión del proceso
Se espera que durante la jornada de este martes continúe la formalización, incluyendo los alegatos de los querellantes, entre ellos la Organización de Trabajadores Judiciales, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Codelco.
Para el miércoles está prevista una suspensión del proceso, con el fin de que la defensa de Vivanco pueda acceder a los antecedentes completos de la carpeta investigativa y analizarlos en detalle antes de proseguir con su estrategia jurídica.
Origen y alcance del caso Muñeca Bielorrusa
El caso Muñeca Bielorrusa es una arista del caso Hermosilla y está vinculado a presuntas irregularidades en fallos judiciales relacionados con un litigio entre la empresa bielorrusa Belaz, socios chilenos y Codelco. La Fiscalía indaga la existencia de una red de pagos y contratos que habría involucrado a jueces, abogados y conservadores de bienes raíces, con el objetivo de influir en resoluciones que implicaron pagos millonarios.
La causa es considerada una de las investigaciones más relevantes por corrupción judicial en Chile en los últimos años, debido a la magnitud de los montos involucrados y al rol institucional de los imputados.