El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó la orden de detención en el marco de la investigación por el Caso ProCultura, específicamente en la arista vinculada al Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM).
La diligencia afecta a:
- Alberto Larraín, cofundador de ProCultura.
- María Constanza Gómez, representante legal de la fundación.
- María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios.
- Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM.
- Gabriel Prado, excontratado del gobierno regional.
Esta acción se realiza como parte de las medidas preventivas y de aseguramiento mientras continúa la investigación sobre la gestión de los recursos públicos transferidos al programa “Quédate”.
Investigación del convenio “Quédate”
El Caso Convenios se centra en el convenio mediante el cual el GORE Metropolitano destinó cerca de $1.600 millones a la fundación ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.
El fiscal a cargo, Juan Castro Bekios, junto a un equipo especializado de la PDI, dirige la investigación que busca esclarecer la administración de los recursos y la responsabilidad de los involucrados en la ejecución del proyecto.
Gobernación Metropolitana confirma diligencias
Desde la Gobernación Regional Metropolitana confirmaron a Radio ADN que la información sobre las órdenes de detención es efectiva. También señalaron que ofrecerán declaraciones públicas una vez finalizadas las revisiones de las diligencias en curso.
La investigación del Caso Convenios continúa activa, y la medida judicial sobre Alberto Larraín y otros implicados marca un avance significativo en el proceso que busca determinar responsabilidades dentro de la administración de fondos públicos destinados a programas sociales en la Región Metropolitana.