Este miércoles, el Tribunal de Garantía de Hualaihué llevará a cabo la audiencia de formalización contra siete miembros del programa de televisión “El Clan”, acusados de uso ilícito de fuego al interior del Parque Nacional Hornopirén.
Entre los imputados se encuentran Pangal Andrade y Lorenzo Andrade, además de Diego Astorga, Alejandro Astorga, Chagual Orrego, Benjamín Araya y Carolina Mery. La audiencia está fijada para el bloque que comienza a las 10:45 horas.
Hechos investigados durante grabación televisiva
La acción que dio origen a la causa se remonta a marzo del año pasado, cuando el equipo del programa ingresó a la zona para grabar un capítulo enfocado en los paisajes naturales de Chile.
Según antecedentes entregados por Conaf, para esa jornada se iniciaron gestiones para obtener los permisos correspondientes. Sin embargo, el organismo indicó que, pese a las consultas iniciales, no hubo más comunicación con la producción televisiva, por lo que no se otorgó autorización para ingresar al parque ni para realizar grabaciones.
Ingreso no autorizado y denuncia
De acuerdo con la investigación, pese a la falta de autorización, los integrantes del programa habrían ingresado al Parque Nacional Hornopirén por pasos no habilitados, utilizado aeronaves no tripuladas, encendido una fogata y posteriormente salido del lugar en helicóptero. Estas acciones motivaron la denuncia por uso ilícito de fuego en un área silvestre protegida.
La normativa vigente establece que está prohibido encender fuego o utilizar fuentes de calor en áreas protegidas, salvo en sectores expresamente autorizados y señalizados por la autoridad competente.
Reacción de autoridades locales
La alcaldesa de Hualaihué, comuna donde se ubica el parque, Cristina Espinoza, se refirió al caso señalando que se trata de “personas irresponsables” y aprovechó la instancia para manifestar su preocupación por la falta de fiscalizaciones en zonas protegidas.
Las sanciones asociadas al uso ilícito de fuego en parques nacionales contemplan multas económicas y, en caso de reincidencia o existencia de antecedentes penales, pueden derivar en penas de cárcel, conforme a lo establecido en la legislación que regula las áreas silvestres protegidas en Chile.