La Contraloría General de la República detectó que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas, tras una auditoría que revisó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana.
El hallazgo quedó consignado en el informe N°223 de 2025, donde el organismo fiscalizador analizó antecedentes correspondientes al período enero–diciembre de 2024, incorporando también registros de años anteriores y posteriores para dimensionar el impacto financiero acumulado.
Según el reporte, entre 2017 y 2024 un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años. Esta situación derivó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. Dentro de ese universo, 9.964 permisos fueron rechazados, sumando subsidios por incapacidad laboral por $5.547 millones.
Pese a estos rechazos, la Contraloría constató que la Junji no ejecutó acciones suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente, ni activó de forma sistemática los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, instruyó a la dirección nacional del servicio elaborar, en un plazo de 60 días hábiles, un plan de acción que permita la recuperación efectiva de los montos adeudados. Además, los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar eventuales acciones judiciales.
El informe también advierte que la institución mantiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, por montos que en conjunto superan los $10 mil millones, sin que exista una gestión de cobro eficiente o trazable en todos los casos.
En cuanto a exfuncionarios, se detectaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no registran gestiones de cobranza judicial, mientras que siete no han reintegrado los recursos pese a haber sido notificados formalmente.
Finalmente, Contraloría observó que el proceso de recuperación de subsidios se realiza de forma manual mediante planillas Excel, debido a que el sistema informático PeopleSoft aún no cuenta con un módulo operativo para estos cobros, lo que incumple instrucciones previas. El organismo ordenó informar la puesta en marcha definitiva de esa herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. “Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles”, señalaron, según consignó T13.