El Gobierno anunció una nueva propuesta para enfrentar la millonaria deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía producto del congelamiento de tarifas aplicado entre 2020 y 2024. La iniciativa considera la aplicación de un cargo único en las cuentas de electricidad, que implicaría un aumento promedio de $1.450 mensuales durante los próximos cuatro años, y será presentada a la futura administración para que la transforme en proyecto de ley.
El anuncio fue realizado por el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien detalló que la deuda total supera los $735 mil millones. Según explicó, el mecanismo busca regularizar estos montos pendientes mediante un sistema similar al utilizado previamente para devolver cobros excesivos en las cuentas de la luz, fórmula que fue aprobada de manera transversal en el Congreso.
De acuerdo con la propuesta, el alza se aplicaría por 48 meses a través de un cargo uniforme para los clientes del sistema eléctrico. Sin embargo, no todos los hogares deberán asumir este incremento. El plan contempla la creación de un subsidio estatal que cubrirá el monto adicional para el 40% de la población más vulnerable, según la clasificación del Registro Social de Hogares.
“Implicaría un incremento en la tarifa mensual de la luz de $1.450 por 48 meses. Proponemos que se crea un subsidio que impida que el 40% más vulnerable pague este costo adicional. Sería financiado con el incremento de los ingresos públicos que el propio incremento tarifario genera, por lo tanto no afectaría el déficit fiscal”, aseguró García.
Desde el Ministerio de Energía precisaron que la deuda se originó por el congelamiento de tarifas aplicado inicialmente en 2019 y extendido en los años siguientes, medida que buscó amortiguar el impacto económico en los hogares, pero que generó un desfase en los ingresos de las distribuidoras.
El Ejecutivo entregará formalmente la propuesta a la próxima administración con el objetivo de que sea ingresada como proyecto de ley en marzo, cuando el Congreso retome su actividad legislativa. La autoridad sostuvo que el mecanismo incorpora un criterio de solidaridad y permite enfrentar gradualmente la deuda acumulada sin trasladar todo el peso del ajuste a los sectores de menores ingresos.