Una nueva sentencia judicial volvió a situar en el centro de la atención pública el historial criminal de Hugo Bustamante, conocido por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo. Esta vez, el tribunal lo condenó por un doble homicidio ocurrido en 1996, cuyos detalles fueron reconstruidos tras antecedentes entregados por el propio condenado años después. El fallo establece una pena de 10 años y un día de presidio efectivo, junto con sanciones accesorias de carácter permanente.
La resolución fue dictada por el Poder Judicial, que acreditó su responsabilidad en la muerte de una madre y su hijo en la comuna de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso. El caso, pese a su antigüedad, fue reimpulsado luego de que el propio interno reconociera los hechos en una entrevista, lo que permitió reabrir antecedentes y avanzar en la persecución penal.
Según lo informado por BioBioChile, el fallo detalla que el 27 de junio de 1996 la primera víctima, un hombre adulto, acudió al domicilio de Bustamante para exigir el pago de un dinero adeudado. La conversación derivó en una discusión que terminó con una agresión fatal: el condenado lo golpeó en la cabeza con un objeto metálico, causándole la muerte en el lugar.
Horas más tarde, la madre del fallecido llegó a la misma vivienda con el objetivo de aclarar lo ocurrido y reclamar la deuda pendiente. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el encuentro también escaló a un enfrentamiento físico. En ese contexto, Bustamante la redujo y le provocó la muerte por asfixia. Posteriormente, ocultó ambos cuerpos dentro de su propiedad, atándolos con alambre, cubriéndolos con una frazada y enterrándolos en un pozo.
El tribunal calificó ambos hechos como homicidios calificados y explicó que, si bien cada delito tiene asignado un rango de pena propio, la reiteración permitió aplicar una regla de unificación. Esa norma autoriza a imponer una sola pena aumentada en un grado cuando existen crímenes múltiples de similar naturaleza cometidos por el mismo autor.
La sentencia también contempla la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y la suspensión de derechos políticos durante el cumplimiento de la condena, además de otras restricciones legales. Asimismo, se estableció que no proceden beneficios ni penas sustitutivas, por lo que deberá cumplir el castigo de manera efectiva en prisión.
En su argumentación, el tribunal sostuvo que la sanción impuesta se ajusta estrictamente al marco legal vigente, considerando tanto la gravedad de los hechos como las disposiciones técnicas aplicables a delitos reiterados, descartando cualquier margen de reemplazo de la pena privativa de libertad.