El pasado viernes, la crisis financiera de Chilolac terminó con el cierre de su planta en Ancud, poniendo fin a 56 años de operaciones. La empresa notificó el despido de 110 trabajadores, generando un fuerte conflicto legal en Chiloé. En donde el monto estimado de finiquitos impagos bordea los $1.200 millones de pesos.
Bajo esa línea, los trabajadores cuentan con dos alternativas, presentar un reclamo ante la Inspección del Trabajo para intentar una instancia de conciliación, o recurrir a los tribunales laborales, donde solicitarán que los despidos sean declarados injustificados y se ordene el pago de las indemnizaciones correspondientes. Tanto autoridades como representantes de los trabajadores critican que la empresa no haya fundamentado las desvinculaciones en su situación de insolvencia económica.
“Existe la creencia de que cuando una empresa cierra, la indemnización por años de servicio se pierde, y eso no siempre es así. Cada caso debe analizarse en función de la causal y de cómo se pone término a la relación laboral”, explicó Pedro Peña, especialista en derecho laboral y CoFundador del estudio jurídico SoyTrabajador.cl
Causas de despidos
Uno de ellos es cuando el despido se fundamenta en caso fortuito o fuerza mayor, como hechos imprevisibles e inevitables que hacen imposible continuar la relación laboral. En estos casos, si la causal está debidamente acreditada, la ley libera al empleador del pago por años de servicio.
Otro escenario se da cuando el trabajador firma un finiquito sin reserva de derechos. Esta acción puede cerrar la puerta a futuras reclamaciones, incluso si existen antecedentes para cuestionar la causal de despido o el no pago de indemnizaciones.
“Firmar un finiquito sin asesoría puede significar renunciar a derechos importantes. Muchos trabajadores se enteran de esto cuando ya es demasiado tarde”, mencionó Peña.
También, cuando el despido se realiza por causales imputables al trabajador, como incumplimientos graves establecidos en el artículo 160 del Código del Trabajo. En esos casos, la ley no obliga al empleador a pagar indemnización por antigüedad.
Finalmente, desde el estudio advierten que la desinformación sigue siendo uno de los principales factores que perjudica a los trabajadores, especialmente a quienes tienen mayor antigüedad y enfrentan despidos en contextos complejos.
“La indemnización por años de servicio es un derecho legal, no un beneficio discrecional. Informarse a tiempo puede marcar la diferencia entre perderlo todo o poder exigir lo que corresponde”, concluyó el especialista laboral.