Momentos de alta tensión se registraron la mañana de este lunes durante el desalojo del campamento Santa Marta en la comuna de Maipú, operativo en el que el alcalde Tomás Vodanovic debió ser resguardado por personal de Carabineros de Chile tras un intento de agresión por parte de algunos residentes que se oponen a abandonar el lugar.
El procedimiento, coordinado por autoridades comunales y fuerzas policiales, se desarrolla en el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos y está previsto que se extienda por dos jornadas consecutivas. La intervención contempla el retiro de 102 viviendas levantadas en un bien nacional de uso público, seguido de la demolición de las estructuras irregulares.
Desde temprano se observaron escenas de resistencia por parte de vecinos del asentamiento, quienes instalaron barreras y portones improvisados para impedir el ingreso de la maquinaria y del personal a cargo. En medio del avance del operativo, efectivos policiales debieron derribar uno de estos accesos para permitir la entrada de los equipos. Durante los incidentes se reportaron al menos dos personas detenidas por desórdenes.
El momento más complejo se produjo cuando un grupo de residentes increpó a la autoridad comunal e intentó acercarse de forma violenta, obligando a la policía uniformada a intervenir rápidamente para evitar una agresión directa. El alcalde permaneció en el lugar por varios minutos supervisando el inicio de las labores, en medio de un ambiente marcado por gritos, empujones y enfrentamientos verbales.
Vodanovic apuntó a una presunta dirigencia existente en la zona que habría intentado obtener beneficios monetarios a costa de falsas promesas habitacionales. “La presencia de una organización compuesta por pocas personas, chilenas, (liderados por) la señora Ruth. Desde el minuto 1, trató de remar en contra de este operativo, no permitió la comunicación con las familias, entregaba información falsa, tergiversaba permanentemente las acciones del municipio, que negaba la existencia del plan social”, detalló la autoridad.
De acuerdo con información municipal, en el campamento viven actualmente cerca de 375 personas, entre ellas alrededor de 150 niños, niñas y adolescentes. El municipio sostiene que la medida responde a un desalojo de carácter administrativo, debido a que el terreno ocupado corresponde a espacio público y presenta condiciones de alto riesgo, tanto por su cercanía a una vía de alto tránsito como por la presencia de gasoductos y oleoductos en el sector.
Las autoridades locales indicaron que 81 familias cumplen con los requisitos para acceder a apoyo social, que incluye subsidios de arriendo, ayuda para traslado y acompañamiento técnico. Sin embargo, hasta ahora solo cerca de 50 personas habrían aceptado de manera voluntaria estas alternativas.
Hasta el momento, personal de Carabineros de Chile ha detenido a cuatro personas. Se trata de dos mujeres de nacionalidad venezolana, acusadas de obstaculizar el procedimiento policial y que mantienen situación migratoria irregular, además de dos mujeres chilenas imputadas por agresión a funcionarios policiales.