Con enfrentamientos, forcejeos y disturbios se desarrolló este lunes el desalojo de la toma Santa Marta, ubicada en el cruce de Camino a Melipilla con avenida Santa Marta, en la comuna de Maipú. El procedimiento es encabezado por el municipio con apoyo de efectivos de Carabineros de Chile y unidades de Control de Orden Público, y deja hasta ahora al menos cinco personas detenidas.
El asentamiento irregular comenzó a formarse en 2022 y, de acuerdo con un catastro municipal, estaba compuesto por 102 hogares y 375 residentes. De ese total, 150 corresponden a niños, niñas y adolescentes. El mismo informe señala que un 91% de los habitantes son extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana.
Durante la mañana, equipos municipales y policiales ingresaron al terreno para concretar el retiro de las familias que aún permanecían en el lugar. En medio del operativo se registraron momentos de alta tensión, con grupos de ocupantes y adherentes enfrentándose verbalmente con las autoridades. Parte de los incidentes ocurrieron cuando vecinos increparon al alcalde Tomás Vodanovic, quien acudió al lugar para supervisar el procedimiento.
Según información entregada por el jefe comunal, una mujer intentó acercarse de forma abrupta, lo que derivó en un forcejeo con personal policial y su posterior detención. La autoridad comunal acusó que parte de la resistencia fue promovida por una dirigenta previamente denunciada por el municipio, a quien se le atribuye el ofrecimiento de supuestas soluciones legales y habitacionales a cambio de pagos de dinero.
Vodanovic apuntó a que los incidentes habrían comenzado por “la presencia de una organización compuesta por pocas personas, chilenas, (liderados por) la señora Ruth. Desde el minuto 1, trató de remar en contra de este operativo, no permitió la comunicación con las familias, entregaba información falsa, tergiversaba permanentemente las acciones del municipio, que negaba la existencia del plan social”.
Desde el municipio sostienen que el operativo fue informado con anticipación y que se aplicó el protocolo legal correspondiente, incluyendo notificaciones formales y decretos de demolición entregados puerta a puerta. Asimismo, aseguran que se desplegó un plan social para mitigar el impacto del desalojo.
La Dirección de Desarrollo Comunitario detalló que varias familias aceptaron alternativas como arriendos transitorios subsidiados y cupos en albergues municipales. Otras, en tanto, abandonaron el lugar por cuenta propia en días previos. Un grupo menor permanecía aún en el terreno al inicio de las labores.
Desde la administración comunal recalcaron que este corresponde al tercer desalojo realizado en menos de seis meses y el segundo en el eje Camino a Melipilla–Pajaritos, zona definida como prioritaria dentro del plan de recuperación de espacios públicos. El procedimiento continuará durante la jornada con resguardo policial y acompañamiento de equipos sociales.