A partir de abril de 2026 comenzará a regir en Chile una nueva reducción de la jornada laboral, que bajará el máximo semanal de 44 a 42 horas como parte de la implementación gradual de la denominada Ley de 40 Horas. Sin embargo, el cambio no impactará automáticamente a todos los trabajadores: quienes prestan servicios a honorarios, en principio, quedan fuera de esta disminución, lo que ha encendido alertas entre especialistas y asesores laborales.
La normativa modifica el Código del Trabajo y, por tanto, aplica formalmente solo a quienes tienen un contrato laboral. Esto excluye a miles de personas que emiten boletas de honorarios, pese a que muchas de ellas desempeñan funciones similares a las de un trabajador dependiente, con horarios fijos, jefaturas directas y obligaciones permanentes.
De acuerdo con el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tercer trimestre de 2025 había 32.457 personas trabajando a honorarios en el Gobierno Central, equivalentes al 6,1% de la dotación total. Aunque el porcentaje parece acotado, se trata de un universo significativo que podría verse expuesto a controversias legales si su vínculo contractual no se ajusta a la realidad de sus funciones.
El punto clave está en la existencia —o no— de subordinación y dependencia. Según explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario, el hecho de emitir boletas no elimina automáticamente los derechos laborales. “Si existe jefe, control de horario y obligaciones permanentes, podría configurarse una relación laboral, independiente de lo que diga el contrato”, advierte.
En ese escenario, la entrada en vigencia de las 42 horas podría transformarse en un detonante de denuncias y demandas. Un trabajador a honorarios que cumpla más de ese límite, pero bajo condiciones propias de un contrato laboral, podría exigir el reconocimiento formal de la relación y reclamar derechos como feriados legales, cotizaciones previsionales o incluso indemnizaciones por años de servicio.
Donovan Riveros, abogado del área Legal, Laboral & Compliance BSO en BDO Chile, sostiene que la nueva etapa de la reforma podría incrementar las fiscalizaciones. “La ley no regula directamente a los honorarios, pero su implementación puede abrir la puerta a cuestionamientos sobre la correcta clasificación de los trabajadores. Una mala definición podría derivar en multas o juicios laborales”, afirma.
Desde Talana, su vicepresidenta legal, Consuelo Letelier, coincide en que la reducción de jornada no altera los criterios para definir una relación laboral. “Indicadores como recibir órdenes directas, usar herramientas corporativas o cumplir funciones permanentes pueden obligar a formalizar el vínculo. No hacerlo expone a pagos retroactivos y sanciones”, señala.
La implementación continuará de manera gradual hasta abril de 2028, cuando la jornada semanal alcance el límite definitivo de 40 horas. En este proceso, abogados y consultores coinciden en que la reforma no solo implica un ajuste horario, sino también una revisión estructural de las formas de contratación. Para muchos trabajadores a honorarios, la entrada en vigencia de las 42 horas podría convertirse en una oportunidad para regularizar situaciones informales, mientras que para empleadores representa el desafío de anticiparse a eventuales contingencias legales y ordenar sus vínculos laborales antes de que surjan conflictos.