La tarde de este lunes, la Corte Suprema de Chile ratificó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, confirmando así la decisión adoptada en octubre de 2025 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con esta determinación, el parlamentario, exmilitante de la UDI y representante del Distrito 8, pierde su inmunidad parlamentaria, lo que permite al Ministerio Público solicitar audiencia de formalización por los delitos investigados.
El máximo tribunal confirmó el desafuero por los cargos de fraude al fisco (reiterado), tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. En esta etapa se descartaron los delitos tributarios, aunque podrían revisarse en fases posteriores del proceso.
Investigación por facturas ideológicamente falsas y uso de fondos públicos
La causa es encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, a través de fiscales de la Unidad Anticorrupción. La indagatoria apunta a la emisión y uso de 34 facturas ideológicamente falsas por servicios presuntamente no prestados o no pagados efectivamente.
También se investigan vínculos con empresas, entre ellas Modo74 SpA, que habrían facturado al Congreso y al Servel. Según los antecedentes expuestos en la causa, existiría un eventual desvío de recursos públicos para fines políticos, incluyendo campañas vinculadas a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
El perjuicio fiscal estimado fluctúa entre $104 y $112 millones en asignaciones parlamentarias, además de otros montos relacionados con reembolsos del Servel. En la causa también figuran querellas del Servicio de Impuestos Internos y del Consejo de Defensa del Estado, además de la Municipalidad de Maipú como parte querellante.
Próximos pasos tras la pérdida del fuero parlamentario
Tras la ratificación del desafuero por parte de la Corte Suprema, la Fiscalía podrá solicitar en los próximos días o semanas la audiencia de formalización. En esa instancia podrían discutirse eventuales medidas cautelares, como arraigo nacional, firma periódica u otras que determine el tribunal.
La defensa del parlamentario, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, argumentó inconsistencias en la solicitud fiscal, planteamientos que fueron rechazados por el máximo tribunal al confirmar la existencia de antecedentes considerados graves y serios para continuar con el proceso penal.