Una investigación periodística dio a conocer coincidencias entre un proyecto de ley presentado en el Senado por el senador Francisco Chahuán y un documento atribuido a Carla Fernández Montero, abogada que representa a varios internos del penal Punta Peuco, condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
De acuerdo con el reportaje publicado en 24Horas de TVN, el documento entregado a los periodistas (Jonathan Flores, Poirot Escovedo, Rodrigo Pizarro y Paz Fernández) habría sido redactado por la jurista como un borrador para un proyecto de conmutación de penas, iniciativa que posteriormente fue ingresada al Senado el 30 de enero de 2025 por el parlamentario.
Según las fuentes citadas en la investigación, el texto presuntamente elaborado por la abogada proponía una fórmula legal que permitiría conmutar condenas de personas privadas de libertad de edad avanzada, incluidas aquellas sentenciadas por delitos asociados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Entre los clientes de la abogada se encuentran internos del penal como Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga, entre otros condenados que han cumplido penas en Punta Peuco.
El análisis de los documentos: coincidencias en 21 de 23 páginas
El reportaje señala que el documento atribuido a Carla Fernández y el proyecto presentado por Francisco Chahuán presentan coincidencias extensas en su contenido.
Según la revisión realizada por el equipo periodístico, 21 de las 23 páginas de ambos textos contienen la misma argumentación, con párrafos idénticos y sin modificaciones en su redacción.
En el documento se señala que el texto “está destinado a la población penal general”, pero también hace referencia directa a personas condenadas por causas de Derechos Humanos, indicando que representan “más de dos tercios del total de la población provecta del país”.
Entre los argumentos incluidos se plantea que “la ficción jurídica del secuestro permanente ha permitido sostener de manera irracional e ilógica que los criminales militares de antaño incluso hoy, presos, ancianos, enfermos o discapacitados, mantienen conductas contrarias a derecho”.
Asimismo, ambos textos mencionan un fallo de la Corte Suprema de 2024, el cual, según el documento, “consagra una verdadera ‘regla de trato geriátrico’ para los reos adultos mayores”.
La metadata de los archivos y las fechas de creación
Otro elemento que llamó la atención en la investigación fue el análisis de la metadata de los documentos digitales, información que permite identificar detalles como el autor del archivo, fecha de creación y formato.
Según el reportaje, la metadata de ambos textos indica que fueron creados por el mismo autor.
El documento atribuido a la abogada habría sido generado a inicios de enero de 2025, mientras que el archivo del proyecto de ley presentado por Chahuán fue creado el 30 de enero de ese mismo año, fecha en que la iniciativa ingresó oficialmente al Senado.
La respuesta del senador Francisco Chahuán
Consultado por el reportaje, el senador Francisco Chahuán negó haber tenido acceso a un borrador redactado por la abogada de los internos de Punta Peuco.
“Es un proyecto que hemos presentado en cinco ocasiones anteriores”, señaló el parlamentario.
Sobre las similitudes entre los textos, agregó: “es muy probable que sea al revés”.
Tras las consultas realizadas por el equipo periodístico, el equipo del senador indicó que enviaría un proyecto presentado hace 17 años, que respaldaría que la propuesta sería originalmente de su autoría. Sin embargo, según el reportaje, dicho documento no fue enviado al cierre de la investigación.
Avance del proyecto en el Senado y posibles beneficiarios
La controversia surge en momentos en que el proyecto logró avanzar en su tramitación legislativa. El 4 de marzo, la Sala del Senado aprobó en general la iniciativa por 23 votos a favor y 22 en contra, lo que permitió continuar su discusión en el Congreso.
Durante el debate parlamentario, el Gobierno señaló que, en su forma actual, la propuesta podría beneficiar a 738 personas mayores de 70 años privadas de libertad.
De ese total, 365 corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y 373 a condenados por delitos comunes, entre ellos abusos sexuales, homicidios y parricidio.
Además, la iniciativa podría alcanzar a 1.984 reos con discapacidad y a 10.102 internos que presentan enfermedades crónicas, según las cifras mencionadas durante la discusión legislativa.
El proyecto continuará su trámite en el Congreso Nacional, donde aún puede recibir modificaciones antes de una eventual aprobación definitiva.