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Republicanos, UDI y RN enfrían apoyo a proyecto de conmutación de penas

Dirigentes de la derecha marcaron distancia de la iniciativa aprobada en general en el Senado y advirtieron que el texto requiere cambios profundos.

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Un giro tomó el proyecto de ley sobre conmutación de penas impulsado por senadores de Chile Vamos, luego de que dirigentes de Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) comenzaran a quitarle respaldo político y a restarle prioridad dentro de la agenda legislativa, pese a que la iniciativa fue aprobada en general en el Senado.

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El proyecto busca permitir el cumplimiento alternativo de penas para determinados condenados, especialmente en casos de edad avanzada, enfermedad grave o discapacidad, pero su redacción ha generado controversia, ya que podría beneficiar no solo a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, sino también a internos sentenciados por delitos graves.

Desde el Partido Republicano, su presidente, Arturo Squella, señaló que la iniciativa no está entre las prioridades y que aún requiere un trabajo legislativo importante. Según indicó, el articulado presenta deficiencias y no corresponde ponerle urgencia mientras no se corrijan los problemas detectados.


En la UDI, el timonel Guillermo Ramírez coincidió en que el proyecto debe ser modificado, afirmando que el texto aprobado solo corresponde a la idea de legislar y que la norma debe ser más restrictiva para evitar que se generen injusticias o afectaciones a las víctimas.

En la misma línea, desde Renovación Nacional también advirtieron reparos al contenido de la iniciativa y anunciaron que presentarán indicaciones para introducir cambios sustantivos, con el fin de compatibilizar los criterios humanitarios con mayores resguardos en materia penal.

Debido a estas diferencias, en la derecha se ha instalado la idea de que el proyecto no será tramitado con rapidez y que su discusión podría extenderse por varios meses, mientras se buscan cambios que reduzcan su alcance y eviten nuevos costos políticos para el sector.

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