El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, anunció que presentará un proyecto de ley denominado “ley antiamarres”, iniciativa que busca entregar al nuevo gobierno la facultad de despedir funcionarios públicos durante los primeros meses de su gestión.
Según explicó el parlamentario, la propuesta será ingresada a fines de marzo y pretende permitir que la próxima administración pueda desvincular personal sin necesidad de justificar la decisión, ya sea durante los primeros seis meses de gobierno o dentro de los seis meses posteriores a la eventual aprobación de la norma.
“Vamos a presentar un proyecto de ley que esperamos que sea patrocinado por el próximo Gobierno, que le va a permitir despedir sin expresión de causa a personal del Estado durante los primeros seis meses de su gestión”, afirmó.
Kaiser sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de enfrentar la situación fiscal y reducir el tamaño del aparato estatal, señalando que en los últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de funcionarios públicos.“Hace diez o doce años, en Chile había 500 mil empleados públicos. Hoy hay un millón”, aseguró, agregando que los salarios en el sector estatal serían, en promedio, superiores a los del sector privado en cargos equivalentes.
Sólo temporal
En esa línea, el legislador planteó que el objetivo es permitir una reorganización administrativa que libere recursos para destinarlos a servicios dirigidos a la ciudadanía. “Queremos que la nueva administración tenga la posibilidad de hacer un recorte de personal importante que permita traspasar esas platas de personal a servicios para las personas”, indicó.
El diputado también se refirió a los llamados “amarres” en la administración pública, cuestionando nombramientos y cambios de grado realizados en los últimos meses en distintos servicios del Estado, los que —según dijo— deberán ser revisados por el próximo gobierno.“Hay un exceso de personal no esencial en prácticamente todas las reparticiones públicas”, sostuvo.
Pese a lo anterior, Kaiser afirmó que la eventual facultad de despido no debería afectar a trabajadores considerados esenciales, como personal de salud u otros cargos críticos, y que la medida se enfocaría principalmente en funciones administrativas.“Yo espero que no se toque al personal de tipo vital, como médicos o enfermeras. Pero a nivel administrativo creo que está sobrando mucha gente”, señaló.
El parlamentario agregó que la idea es entregar una herramienta temporal para que el nuevo gobierno pueda reorganizar el Estado, asegurando que mecanismos similares existen en otros países donde las administraciones entrantes tienen mayor margen para modificar sus equipos.