La Municipalidad de Maipú, bajo la administración del alcalde Tomás Vodanovic, informó este 12 de marzo de 2026 la destitución de nueve funcionarios municipales y la suspensión de un décimo trabajador, tras finalizar distintos sumarios administrativos disciplinarios.
Las investigaciones se realizaron principalmente bajo la Ley Karin, normativa que fortalece la prevención y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo dentro de instituciones públicas y privadas.
Según el desglose informado por el municipio y recogido por diversos medios, los casos investigados corresponden a dos situaciones de acoso sexual, cinco casos de maltrato laboral y acoso laboral, y otros procesos vinculados a faltas graves a la probidad administrativa.
Estas medidas se adoptaron tras la finalización de los procedimientos administrativos correspondientes dentro de la estructura municipal.
Casos investigados incluyen acoso laboral, sexual y faltas a la probidad
De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Maipú, algunos de los sumarios también investigaron eventuales irregularidades vinculadas a probidad administrativa.
Entre los antecedentes mencionados en algunos reportes se incluyen referencias a extorsión a locatarios comerciales, que involucrarían presuntas presiones o cobros indebidos a dueños de locales dentro de la comuna.
No obstante, las autoridades municipales no han entregado detalles específicos de cada caso investigado ni la identidad de los funcionarios sancionados.
La protección de datos personales y las etapas formales de los procesos administrativos fueron señaladas como parte de las razones para no revelar los nombres de los involucrados.
Aplicación de la Ley Karin y contexto nacional de denuncias laborales
Las investigaciones se desarrollaron en el marco de la Ley Karin, normativa orientada a fortalecer los mecanismos de denuncia, prevención y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.
Desde el municipio se indicó que las medidas buscan reforzar el compromiso institucional con entornos laborales seguros, respetuosos y dignos, además de promover principios de probidad y transparencia en la administración pública.
El caso se produce en un contexto nacional donde se abrieron cientos de sumarios administrativos por acoso o maltrato laboral en el sector público, durante la administración del gobierno de Gabriel Boric.
En algunos casos, las resoluciones derivadas de sumarios administrativos pueden ser apeladas o recurridas ante tribunales, situación que también ha ocurrido previamente en procesos similares en distintas municipalidades del país.