La Contraloría General de la República denunció ante la Fiscalía a un total de 910 funcionarios públicos y municipales de 371 entidades del Estado, por realizar transacciones en casinos vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas, entre enero 2024 y junio de 2025.
De acuerdo a los datos recogidos en el Consolidado de Investigación Circularizada (CIC) N° 20 del organismo fiscalizador, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.
El nuevo consolidado se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución y tienen prohibición de apostar en casinos- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
Funcionarios de diversos organismos
El informe además identifica a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados y que pertenecen a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos.
En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
También enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.