La formalización de cientos de funcionarios públicos por el uso de licencias médicas falsas volvió a poner en cuestión los mecanismos de control del Estado. El caso, que involucra a distintas reparticiones, no solo apunta a responsabilidades individuales, sino que también deja en evidencia fallas en la fiscalización y validación de estos documentos. En un sistema de alta escala, la detección tardía de irregularidades vuelve a instalar dudas sobre su capacidad de control.
En este contexto, el uso de licencias médicas sigue siendo un tema sensible por su volumen. Solo en 2026, se proyecta la emisión de entre 5,8 y 6,5 millones de licencias médicas en el país, según estimaciones de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Esto refleja la magnitud del sistema y el impacto que pueden tener eventuales usos indebidos. El caso, por tanto, no solo es judicial, sino también estructural.
Desde el punto de vista legal, este tipo de hechos puede involucrar distintos delitos según el rol. “Respecto de quienes emiten estas licencias, pueden configurarse delitos como certificación médica falsa o falsificación de instrumento público. En el caso de quienes las utilizan, se pueden configurar figuras como uso malicioso de instrumento falso o fraude al Fisco, siempre que se acredite conocimiento de la falsedad e intención de obtener un beneficio”, señala Javier Ramírez, abogado consultor en análisis de jurisprudencia y legislación chilena en Trifolia.
Uno de los aspectos más complejos es la prueba del dolo. “La jurisprudencia ha sido consistente en exigir altos estándares probatorios, lo que en algunos casos incluso ha derivado en absoluciones cuando no se logra acreditar que el funcionario sabía que la licencia era falsa”, agrega Ramírez.
En paralelo, a nivel administrativo, los funcionarios enfrentan procesos internos que pueden derivar en sanciones. “La principal consecuencia es la apertura de un sumario administrativo, que puede derivar en sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la destitución. Además, pueden iniciarse acciones para la restitución de montos y existir responsabilidad penal”, explica Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.
Sin embargo, no existe una destitución automática. “No todos los funcionarios involucrados necesariamente han cometido una falta grave que amerite la destitución. Es importante evitar el prejuzgamiento, ya que cada caso debe analizarse en su mérito, considerando la evidencia disponible”, advierte.
El caso también vuelve a poner el foco en diferencias dentro del Estado. Mientras funcionarios de planta o contrata enfrentan sumarios formales, los trabajadores a honorarios pueden ver terminada su relación de forma más expedita. Más allá de las responsabilidades individuales, la magnitud del caso reabre el debate sobre la capacidad del sistema para prevenir este tipo de fraudes.