A partir de abril, los hogares en Chile enfrentarán un nuevo incremento en el costo de la electricidad, sumando presión al ya complejo escenario económico marcado por el alza de los combustibles y el costo de la vida. Este ajuste responde al término del congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), componente clave en la tarifa eléctrica que se mantuvo sin cambios entre 2020 y 2024.
Durante ese periodo, el congelamiento generó una deuda acumulada cercana a los 850 millones de dólares, la cual ahora deberá ser saldada gradualmente por los usuarios. Según estimaciones iniciales, este monto se distribuiría en un plazo de 48 meses, lo que implicaría un impacto promedio cercano a los $1.450 mensuales por hogar. Sin embargo, el efecto real variará dependiendo del nivel de consumo eléctrico de cada cliente.
De hecho, algunas familias podrían experimentar aumentos considerablemente más altos en sus cuentas, con incrementos que podrían llegar a $7.000, $15.000 o incluso $50.000 en casos de mayor consumo. Este escenario ha encendido las alertas, especialmente en los sectores más vulnerables.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que esta alza corresponde a un cobro postergado. “Las familias no pagaron porque se postergó una cuenta, esa cuenta hay que pagarla en algún minuto y nosotros queremos buscar una fórmula alternativa a la que estableció el gobierno anterior”, señaló la autoridad.
En esa línea, Rincón aseguró que el gobierno trabaja contrarreloj para encontrar mecanismos que permitan mitigar el impacto en los hogares antes de que finalice marzo. Hasta ahora, no existe un proyecto de ley que establezca medidas concretas para amortiguar este cobro.
Con respecto al alza que podrían sufrir los hogares de las familias chilenas, la secretaria de Estado detalló que “promedio por hogar era 1.450 pesos, pero puede ser 7.000, 15.000, 50.000 o nada”.
Desde el ámbito técnico, especialistas estiman que cerca del 60% de los clientes experimentará alzas en torno al 5% en sus cuentas de electricidad. Sin embargo, un grupo más reducido —aproximadamente el 10%— podría enfrentar incrementos de hasta un 20%, lo que intensifica la preocupación en medio de un contexto económico desafiante.
A este escenario se suman factores externos que inciden directamente en el precio de la electricidad, como el valor del dólar y el costo de los combustibles. Esto se debe a que el sistema eléctrico chileno depende parcialmente de insumos como el petróleo, lo que influye en la fijación de tarifas.
Cabe recordar que el sistema contempla ajustes tarifarios periódicos en enero y julio de cada año. En ese sentido, las proyecciones indican que el próximo reajuste de julio no debería registrar variaciones significativas asociadas al tipo de cambio, debido a la relativa estabilidad observada en los últimos meses.
No obstante, expertos advierten que podrían registrarse nuevas alzas hacia enero de 2027 si se mantienen las actuales condiciones internacionales, lo que anticipa un escenario de presión sostenida sobre los costos energéticos en el país.