Diputados de la UDI plantearon la posibilidad de retirar el beneficio de gratuidad en la educación superior a estudiantes que hayan participado en hechos de violencia durante su etapa escolar.
La propuesta fue impulsada por integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, en un contexto marcado por recientes incidentes en establecimientos educacionales, principalmente en la Región Metropolitana.
Apuntan a sancionar conductas violentas
El diputado Sergio Bobadilla sostuvo que la situación actual requiere medidas más estrictas.
“Como Comisión de Educación no podemos permanecer indiferentes frente a lo que está ocurriendo hoy en muchos liceos del país”, afirmó.
En esa línea, fue enfático en cuestionar el acceso a beneficios estatales por parte de quienes protagonizan estos hechos.
“Estos delincuentes, que se escudan tras la condición de estudiantes, no pueden seguir siendo beneficiados con gratuidad en la educación superior”, agregó.
Propuesta busca generar “consecuencias”
Desde la bancada gremialista aseguran que la medida apunta a establecer sanciones concretas frente a la violencia escolar.
El diputado Ricardo Neumann recordó que este tipo de iniciativas han sido impulsadas anteriormente por su sector.
“Hace años que venimos planteando la necesidad de establecer sanciones concretas, como la pérdida de la gratuidad”, señaló.
La discusión se reabre en medio de una serie de episodios de violencia en liceos, que han generado preocupación por la seguridad y la convivencia dentro de las comunidades educativas.
Según los parlamentarios, estos hechos no solo afectan el funcionamiento de los establecimientos, sino que también impactan el derecho a la educación de otros estudiantes.
Una propuesta con antecedentes
No es la primera vez que se plantea una medida de este tipo. Iniciativas similares —conocidas como “Aula Segura 2.0”— ya han buscado restringir el acceso a gratuidad a estudiantes sancionados por conductas graves, como agresiones o uso de armas.
En ese contexto, la propuesta vuelve a instalar el debate sobre el equilibrio entre sanción, acceso a la educación y uso de recursos públicos.