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Gobierno de Kast bajo presión: Contraloría exige “estricto cumplimiento” de probidad a ministros

El instructivo IN14/2026 refuerza las exigencias de probidad y transparencia, incluyendo sanciones por conflictos de interés y nuevas obligaciones patrimoniales.

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Foto: (Facebook: José Antonio Kast)

La Contraloría General de la República emitió un instructivo dirigido a todo el gabinete con nuevas exigencias para el ejercicio del cargo, bajo el gobierno de José Antonio Kast. El documento, identificado como IN14/2026 y fechado el 27 de marzo, establece lineamientos obligatorios enfocados en el cumplimiento de la probidad administrativa y la transparencia.

Según el texto, las disposiciones no corresponden a sugerencias, sino a una instrucción formal. “Los Ministros de Estado (…) están sometidos al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y probidad administrativa”, señala el documento, enfatizando su rol como colaboradores directos del Presidente.

Conflictos de interés: foco en riesgos reales y potenciales

Uno de los ejes principales del instructivo es el control de los conflictos de interés, incluyendo no solo situaciones concretas, sino también aquellas que podrían surgir.

“La jurisprudencia administrativa ha concluido que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas (…) puedan ser afectadas por un conflicto de intereses (…) aun cuando aquel sea solo potencial”, establece el texto.


En este contexto, se refuerza el deber de abstención. Los ministros deberán marginarse de decisiones cuando existan factores que puedan afectar su imparcialidad, como intereses personales, vínculos familiares, relaciones profesionales o incluso “amistad íntima o enemistad manifiesta”.

Declaración de patrimonio y sanciones por incumplimiento

El instructivo también pone énfasis en la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), que debe ser presentada dentro de los 30 días posteriores al nombramiento y actualizada anualmente.

El incumplimiento contempla sanciones económicas. “Al declarante infractor se le aplicará una multa… de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales”, advierte el documento.

En casos prolongados, las consecuencias pueden escalar: “Si el incumplimiento se mantiene por un período superior a los cuatro meses… se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución”.

Patrimonio, empresas y prevención de conflictos

En materia de intereses económicos, el instructivo establece que los ministros deberán tomar medidas para evitar conflictos. Entre ellas, delegar la administración de activos a terceros o desprenderse de ellos.

“El referido contrato de mandato constituye una solución… produciéndose una incomunicación respecto de los instrumentos específicos… para evitar cualquier conflicto de intereses, incluso potencial”, detalla el texto.

Además, se exige la enajenación de participaciones en empresas vinculadas a sectores regulados o que mantengan relación con el Estado.

Lobby, agenda pública y registro obligatorio

El control también se extiende al lobby y la relación con actores privados. Cada ministerio deberá mantener un registro público de audiencias, reuniones, viajes y donativos.

“Cada cartera de Estado está obligada a mantener (…) un registro de agenda pública en el cual se deben consignar las audiencias y reuniones sostenidas”, indica el instructivo.

La omisión de información o la entrega de datos incorrectos puede derivar en sanciones.

Prescindencia política y nuevas restricciones

El documento establece límites claros en materia de actividad política dentro del ejercicio del cargo.

“No pueden realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de sus empleos para favorecer o perjudicar a determinada candidatura”, advierte la Contraloría.

Asimismo, se fijan incompatibilidades como la prohibición de celebrar contratos con el Estado, ejercer como abogados o participar en empresas. También se incorpora la obligación de someterse a test de drogas periódicos, cuyos resultados serán públicos.

Fiscalización activa y advertencia final

El instructivo concluye con una advertencia sobre el carácter vinculante de estas medidas y su fiscalización permanente.

“Se instruye a los Ministros de Estado dar estricto y cabal cumplimiento (…) lo que será debidamente fiscalizado por esta Entidad de Control”, señala el organismo encabezado por Dorothy Pérez.

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