El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Transportes liderado por el ministro Louis de Grange, anunció modificaciones al reglamento de la Ley Uber.
Entre los cambios más relevantes está la eliminación de exigencias como la cilindrada mínima de 1.400 cc y el límite de antigüedad de los vehículos, requisitos que anteriormente dejaban fuera a una gran parte de los conductores.
De acuerdo con cifras oficiales, esta flexibilización permitirá que hasta un 85% de los conductores que estaban en riesgo de quedar fuera puedan continuar operando y completar su proceso de inscripción. La medida busca mantener la continuidad del servicio en aplicaciones como Uber y DiDi.
Impacto en empleo: más de 130 mil familias dependen del sistema
Uno de los puntos centrales del debate es el impacto en el empleo. Según datos del sector, más de 130 mil personas dependen directamente de estas plataformas como fuente principal de ingresos.
El ajuste al reglamento apunta a evitar una salida masiva de conductores, lo que habría generado una pérdida significativa de ingresos para miles de familias. La decisión se posiciona como una respuesta a ese escenario, priorizando la continuidad laboral dentro del ecosistema del transporte por aplicaciones.
Tarifas y disponibilidad: evitar un “apagón” del servicio
Otro de los argumentos detrás de la modificación es prevenir un posible “apagón” de Uber, es decir, una reducción drástica en la cantidad de vehículos disponibles.
De haberse mantenido las condiciones anteriores, el mercado habría enfrentado una menor oferta de autos, lo que suele traducirse en tarifas más altas y tiempos de espera más largos para los usuarios.
Además, el impacto habría sido mayor en comunas periféricas, donde la cobertura de transporte ya es más limitada. La continuidad de conductores busca sostener el equilibrio entre oferta y demanda en estas zonas.
Debate sobre seguridad y regulación del transporte digital
La decisión también generó un debate en torno a la seguridad y los estándares de calidad de los vehículos utilizados en plataformas digitales.
Mientras algunos sectores destacan la importancia de mantener el empleo y la disponibilidad del servicio, otros plantean cuestionamientos sobre la reducción de requisitos técnicos en los vehículos.
El ajuste del reglamento reabre la discusión sobre cómo equilibrar la regulación del transporte digital, la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad del modelo económico de estas plataformas.