El gobierno de Argentina oficializó la condición de prófugo del exfrentista chileno Galvarino Apablaza y anunció una recompensa de cerca de $13 millones de pesos chilenos para quien entregue información que permita dar con su paradero.
La medida fue formalizada mediante una orden del Ministerio de Seguridad, donde se establece el pago de 20 millones de pesos argentinos a quienes aporten datos útiles para concretar su captura.
El documento detalla que la recompensa está dirigida a personas que, “sin haber intervenido en los hechos delictuales”, puedan colaborar con antecedentes que permitan ubicar y detener a Apablaza, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional vigente desde el 31 de marzo de 2026.
Fallida detención y fuga
La decisión se da luego de un operativo policial realizado el pasado 1 de abril en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez mantenía domicilio registrado.
Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades no lograron encontrarlo, confirmándose su condición de prófugo.
En paralelo, el abogado defensor de Apablaza, Rodolfo Yanzón, aseguró que conoce su paradero, pero reiteró que el exfrentista no se entregará a la justicia.
“Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio APABLAZA GUERRA, de nacionalidad chilena, nacido el 9 de noviembre de 1950, con ultimo domicilio en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional desde el 31 de marzo de 2026”, dice el documento.
Acusaciones y proceso judicial
Apablaza es requerido por la justicia chilena como presunto autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991, además de su vinculación con el secuestro de Cristián Edwards.
El exlíder del FPMR residía en Argentina desde la década de los 90 y durante años contó con estatus de refugiado político, beneficio que fue revocado recientemente, reactivando el proceso de extradición solicitado por Chile.