La mañana del pasado 2 de abril, Luis Alberto Alarcón Herrera ingresó a un centro odontológico en la avenida 6 de Diciembre, en el norte de Quito, Ecuador, para realizarse una endodoncia y profilaxis.
Según el reporte policial, la intervención se realizó bajo sedación consciente administrada por una anestesióloga. Sin embargo, horas después, el paciente de 37 años falleció dentro del quirófano tras presentar complicaciones que ahora son materia de una investigación penal.
Cronología del procedimiento: Doble sedación y reacción adversa
De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía Nacional de aquel país, Alarcón fue sometido a dos procesos de sedación durante la mañana. El primero duró cerca de una hora para la endodoncia; posteriormente, fue despertado por 15 minutos y sedado nuevamente para una limpieza profunda que tomó entre 40 y 45 minutos adicionales.
Tras este segundo proceso, el estado de salud de Alarcón se deterioró rápidamente al presentar un “rash cutáneo, una reacción alérgica, en la mano izquierda, donde tenía colocada una vía intravenosa”. El equipo médico intentó estabilizarlo con dexametasona, hidrocortisona y adrenalina, pero no hubo respuesta.
El padre de la víctima, quien lo acompañó al centro, relató a las autoridades que su hijo “entró caminando” y que, tras notar movimientos inusuales, le informaron que intentaban estabilizarlo tras una reacción alérgica al Tramadol. La ambulancia del ECU-911 tardó aproximadamente 45 minutos en llegar, para después confirmarse el deceso en el lugar.
Medicamentos caducados e insumos irregulares
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) activó un control inmediato en la sucursal de Cumbayá del mismo establecimiento para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria. Durante la inspección, las autoridades detectaron un “incumplimiento grave” que ponía en riesgo la salud de los pacientes.
En total, se inmovilizaron 171 medicamentos e insumos. Entre las irregularidades más críticas, se hallaron medicamentos caducados, sustancias sin rotulación y fármacos sujetos a fiscalización que no correspondían a la tipología del centro. Además, se detectó “toxina botulínica y sueros almacenados junto a alimentos dentro de una refrigeradora” y “jeringuillas para botox y otras con líquido no identificado dentro de consultorios”. Estos hallazgos derivaron en la clausura provisional del establecimiento.
Justicia y el millonario pago por el tratamiento dental
La investigación ha tomado una dimensión económica y judicial relevante tras conocerse que Alarcón realizó un pago de $4.523,40 por el tratamiento, diferido a 12 meses mediante tarjeta de crédito el pasado 24 de marzo. Actualmente, la Fiscalía investiga el caso como un presunto homicidio culposo por mala práctica médica, según el artículo 146 del COIP.
Entre los elementos clave bajo la lupa están la justificación del uso de sedación en procedimientos odontológicos y el hecho de que la clínica no contaba con permisos vigentes para realizar intervenciones bajo anestesia.
Mientras se esperan los resultados finales de la autopsia y los exámenes toxicológicos, familiares y amigos han convocado a concentraciones bajo el lema “Tu presencia es la voz de Luis”, exigiendo justicia para el joven que se desempeñaba como jefe de marketing y que dejó una hija de apenas tres meses de vida.