La Municipalidad de Ñuñoa resolvió revertir de manera definitiva el cambio de nombre de la calle República de Israel, luego de un proceso que incluyó revisión administrativa, análisis jurídico y participación ciudadana. De esta forma, la vía mantendrá su actual denominación, vigente desde 1959.
La polémica se remonta a diciembre de 2024, cuando el concejo municipal aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, restituir el antiguo nombre de la calle, Nueva Ñuñoa, denominación que había tenido hasta el año 1959, cuando fue modificada mediante la Ley 13.316. Sin embargo, la decisión generó controversia y fue posteriormente suspendida, abriendo paso a una consulta a la Contraloría para esclarecer la legalidad del proceso.
En ese contexto, según recogió La Tercera el alcalde Sebastián Sichel manifestó su desacuerdo con la medida inicial, argumentando que no se había considerado la opinión de los vecinos directamente afectados. A partir de ello, en mayo del año pasado se llevó a cabo un proceso consultivo con residentes de la avenida.
En total participaron 132 vecinos, de los cuales un 73,48% (97 personas) se manifestó en contra del cambio de nombre, mientras que un 21,97% (29 personas) lo respaldó. Estos resultados fueron determinantes para la resolución final adoptada por el municipio, según consignó el citado medio.
Desde la actual administración comunal señalaron que la decisión responde a la necesidad de respetar la voluntad de la comunidad, especialmente en temas que impactan directamente la vida cotidiana de los barrios. En esa línea, se enfatizó que las transformaciones urbanas deben construirse con la participación activa de los vecinos.
El alcalde Sichel fue enfático al señalar que “explotar conflictos externos para politizar la vida de los vecinos no tiene sentido”, agregando que en la comuna conviven comunidades diversas que deben ser respetadas. “Escuchamos la voz de quienes viven ahí y que son quienes sufren el impacto, y no lo querían”, sostuvo.
Finalmente, el municipio reafirmó su compromiso con una gestión basada en la participación, el respeto y la certeza jurídica, priorizando el bienestar de sus habitantes en la toma de decisiones locales.