El Congreso Nacional dio luz verde definitiva al proyecto de ley conocido como “Paga tu pasaje”, una iniciativa que busca enfrentar con mayor dureza la evasión en el transporte público, especialmente en la Región Metropolitana.
La propuesta fue despachada a promulgación este miércoles por la Cámara de Diputadas y Diputados, con un amplio respaldo de 145 votos a favor y solo dos abstenciones, tras acoger las modificaciones introducidas por el Senado.
La nueva normativa apunta a reducir el alto nivel de evasión, que en Santiago bordea el 40%, mediante un sistema que combina mayor fiscalización, sanciones más estrictas y un mecanismo inmediato de pago para quienes sean sorprendidos sin cancelar su pasaje.
Uno de los principales cambios es la implementación de una tarifa recargada. Esto significa que el pasajero que sea sorprendido evadiendo deberá pagar en el momento un monto superior al pasaje habitual. Con ello, podrá continuar su viaje sin ser incorporado en el Registro de Evasores del Transporte Público, lo que introduce un incentivo para regularizar la situación de manera inmediata.
El proyecto se originó en una moción del diputado Carlos Bianchi, la que posteriormente fue refundida con una iniciativa del Ejecutivo ingresada durante la administración del Presidente Gabriel Boric. Durante su tramitación, el texto fue perfeccionado con diversas indicaciones, especialmente desde el Senado.
“Basta de la sinvergüenzura de que sólo en la capital, casi el 40% de los usuarios no pagan sus pasajes”, afirmó Bianchi, quien además destacó que esta realidad no se replica con la misma intensidad en regiones. A su juicio, la nueva ley permitirá revertir esta situación y podría significar ingresos cercanos a los 200 millones de dólares para el Estado.
En la misma línea, el diputado Héctor Ulloa subrayó el impacto que tiene la evasión en el resto del país. “Cuando esos recursos no se recaudan, el Estado tiene que cubrir ese déficit, y eso termina afectando la distribución de los fondos espejo”, sostuvo.
La normativa también amplía las facultades de fiscalización. Carabineros, inspectores fiscales y municipales, junto con personal de Metro, EFE y operadores de transporte público, estarán habilitados para constatar infracciones y cursar notificaciones. Además, se permitirá el uso de herramientas de autentificación biométrica para identificar a los infractores.
Entre otras medidas, se establece que ingresar por puertas traseras sin autorización será considerado presunción de no pago, y el uso indebido de beneficios tarifarios implicará la incautación y destrucción del instrumento utilizado.
Asimismo, el sistema de multas dejará de tramitarse en los juzgados de policía local y pasará a ser administrado por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes. Quienes paguen la multa dentro de 20 días hábiles podrán acceder a un descuento del 50%, mientras que quienes no lo hagan enfrentarán el monto máximo.
Otro punto clave es el endurecimiento de las consecuencias para quienes figuren en el Registro de Evasores. A las sanciones actuales —como la suspensión de beneficios tarifarios, licencias de conducir y retención de devoluciones de impuestos— se suman nuevas restricciones, como la imposibilidad de asistir a partidos de fútbol profesional, la negativa para obtener pasaporte y limitaciones en permisos de residencia.
Además, se amplía la duración de estas sanciones de tres a cinco años y se establecen criterios de proporcionalidad según la gravedad y reiteración de la infracción.