Con 35 votos a favor y 1 en contra, en los primeros días de abril, el Senado aprobó en general el proyecto que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y contempla plazo de indicaciones hasta el 29 de abril de 2026.
El objetivo central es responder al aumento del ingreso irregular, especialmente por la frontera norte, y a la acumulación de miles de órdenes pendientes. En este contexto, el proyecto apunta a fortalecer herramientas del Estado para mejorar la ejecución de expulsiones y reforzar la seguridad pública.
Durante la discusión se destacó la necesidad de enfrentar lo que se ha descrito como una crisis migratoria, con impacto en servicios públicos y en la percepción de seguridad.
Más poder al Subsecretario del Interior para expulsiones por orden público
Uno de los ejes principales del proyecto es el fortalecimiento de las atribuciones del Subsecretario del Interior. Según se explicó en el Senado, se busca “fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior en la mantención del orden público y de la seguridad tanto interior como exterior; facilitar la ejecución de las expulsiones administrativas y el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular”.
Entre los cambios, se incluye la posibilidad de decretar expulsiones no sólo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público, ampliando el marco de acción de la autoridad.
PDI podrá ingresar a domicilios con control judicial
El proyecto también refuerza el rol de la Policía de Investigaciones (PDI). Se establece que podrá ingresar a domicilios de personas con orden de expulsión, previa autorización del Subsecretario del Interior.
Esta medida contempla control posterior por parte de la Corte de Apelaciones, con el fin de verificar la legalidad del procedimiento. Según lo expuesto en el debate, “por primera vez, se introduce una facultad para el ingreso al domicilio, con control judicial, asegurando respeto a las garantías constitucionales”.
La medida apunta a facilitar la ejecución de expulsiones en casos complejos, especialmente vinculados a delitos.
Expulsión inmediata y reducción de plazos judiciales
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de la expulsión inmediata, que podrá aplicarse a extranjeros formalizados o acusados por delitos simples, previa autorización judicial.
En estos casos, si se cumplen las condiciones establecidas, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo tras la expulsión. Además, se contemplan ajustes para reducir los plazos de recursos judiciales, con el objetivo de agilizar los movimientos.
Estas medidas buscan disminuir los tiempos actuales, considerados extensos, y aumentar la efectividad del sistema.
Datos biométricos obligatorios y sanciones más estrictas
El proyecto introduce la obligación de registrar datos biométricos a extranjeros mayores de 18 años en situación irregular. Esto busca mejorar el control migratorio y evitar reingresos no autorizados.
En paralelo, se endurecen las sanciones: el plazo mínimo de prohibición de reingreso al país aumentará de 3 a 5 años, y podrá llegar hasta 10 años en casos determinados, especialmente vinculados a ingreso irregular o reincidencia.
Estas medidas se enmarcan en una estrategia de reconducción y disuasión del ingreso por pasos no habilitados.
Debate político y próximos pasos del proyecto
El proyecto ha generado un amplio respaldo en el Senado, aunque también ha sido objeto de cuestionamientos. Durante el debate, se mencionó que “este proyecto surge por la necesidad de concretar 44 mil procesos de expulsión que hoy están pendientes”.
Sin embargo, también se registraron posturas críticas. La senadora Beatriz Sánchez argumentó su voto en contra señalando que “el proyecto polarizará más al país (…) y crea un Estado de persecución”.
La iniciativa continuará su tramitación en particular, donde podrían incorporarse modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.