Tras más de dos semanas de incertidumbre, la asistente de la educación Haydée Moya fue dada de alta luego de permanecer 17 días hospitalizada tras el violento ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. La noticia marca un alivio para su familia, aunque abre una nueva etapa marcada por un extenso y complejo proceso de recuperación.
“Como familia queremos comunicar, con profunda emoción, que nuestra madre, Haydée Moya Moya, ha sido dada de alta y hoy se encuentra en casa junto a nosotros”, señala el comunicado de entrada.
El anuncio fue realizado por su hijo, el concejal Inti Alavia, a través de redes sociales. En el mensaje, la familia expresó su emoción por el regreso de Moya a su hogar, donde continuará con su rehabilitación física y psicológica, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión registrada el pasado 27 de marzo.
“Hoy comienza una nueva etapa, con su proceso de recuperación y rehabilitación debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido”, señalaron, enfatizando que “ese cariño y acompañamiento fueron una fuerza fundamental para que ella pudiera salir adelante”.
Sin embargo, más allá del alivio por su recuperación inicial, los hijos de la trabajadora anunciaron el inicio de una ofensiva legal. El objetivo, explicaron, no solo es buscar justicia en este caso, sino también impulsar medidas que permitan evitar hechos de violencia similares en establecimientos educacionales del país. “Para que en Chile nunca más vuelva a ocurrir una tragedia similar contra ningún trabajador o trabajadora de la educación”, sostuvieron.
El ataque que dejó gravemente herida a Moya también cobró la vida de la inspectora María Victoria Reyes, y dejó a otros tres estudiantes heridos.
En cuanto al presunto agresor, Hernán Meneses, de 18 años, se mantiene en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes en un caso que ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar la protección de los trabajadores de la educación en Chile.