La Contraloría General de la República (CGR) acogió formalmente el requerimiento ingresado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Nelson Venegas (PS).
El oficio busca esclarecer si el almuerzo, realizada el pasado viernes 10 de abril en los salones de la casa de Gobierno, comprometió dinero estatal.
Investigación por el eventual uso de recursos públicos y personal estatal
El requerimiento de los parlamentarios solicita a La Moneda detallar la naturaleza de la actividad, las dependencias utilizadas y el personal destinado al evento. Además, la Contraloría pidió aclarar los costos asociados, la imputación presupuestaria y si existieron reembolsos particulares por parte de los asistentes.
Para el diputado Manouchehri, quien denominó la cita como “el banquetazo”, es fundamental que el Ejecutivo responda con transparencia. El legislador subrayó que el debate central no es la facultad del Presidente para reunirse con amigos, sino “si aquí se pueden utilizar recursos públicos en actos privados y comilonas con los amigos del presidente”.
Menú en La Moneda: Plateada al jugo y vino tinto para excompañeros
De acuerdo con antecedentes de Bío Bío Investiga, el almuerzo reunió a excompañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica. El servicio gastronómico ofrecido por el jefe de Estado incluyó tartar de tomates, puré rústico, vino tinto y la tradicional plateada al jugo.
Ante estos hechos, el diputado Nelson Venegas sostuvo que la intervención de la Contraloría demuestra que se trata de un asunto “absolutamente serio”. Según el parlamentario, realizar actividades privadas en un edificio público constituye una posible “vulneración a la ley”, razón por la cual el ente fiscalizador solicitó el informe detallado a la Presidencia.
Plazo de 10 días hábiles para el informe de Presidencia
Tras la notificación del oficio, el Gobierno cuenta con 10 días hábiles para entregar toda la documentación que justifique la actividad.
El ente regulador evaluará si hubo una correcta utilización de los bienes del Estado o si existió un desvío de fondos públicos para una instancia social que los denunciantes califican como ajena a las funciones propias del cargo presidencial.