La administración de José Antonio Kast, realizará este jueves 16 de abril su primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular, en el que serán trasladadas 40 personas hacia Colombia, Bolivia y Ecuador. La operación es liderada por el Servicio Nacional de Migraciones, con apoyo de la PDI y la Fuerza Aérea de Chile.
Este procedimiento representa el inicio de una serie de acciones vinculadas al control migratorio, uno de los ejes centrales de la actual administración. Desde el oficialismo, se ha señalado que este paso implica avanzar desde el diagnóstico hacia la ejecución de medidas concretas.
Críticas de la oposición al plan de expulsión de migrantes
El anuncio del vuelo de expulsión ha generado reacciones en sectores de oposición, particularmente en el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, donde se cuestiona la magnitud del operativo.
El diputado Jaime Bassa afirmó que “la única promesa que ha cumplido el presidente de la República ha sido hacerse el examen de pelo contra las drogas”, agregando que el vuelo “viene coordinado desde el gobierno anterior”. Además, calificó como una “burla” otras iniciativas, como la construcción de infraestructura fronteriza.
En la misma línea, la diputada Lorena Fries planteó dudas sobre la velocidad del proceso, señalando que “con ese patrón de expulsión, vamos a necesitar 23 años”, en referencia al ritmo actual de deportaciones y su impacto en los objetivos planteados.
Oficialismo respalda expulsiones y plantea continuidad del proceso
Desde el oficialismo, representantes del Partido Republicano y Renovación Nacional han defendido la implementación del operativo. El secretario general republicano, Vicente Bruna, sostuvo que “pasamos del diagnóstico a la acción”, destacando el inicio de medidas concretas en materia migratoria.
Por su parte, el diputado Mauro González subrayó la importancia de mantener la frecuencia de estos vuelos, indicando que el objetivo es que el proceso “sea permanente y continuo, idealmente dos o tres veces al mes, para generar un efecto real en el control de fronteras”.
Coordinación entre Migraciones, PDI y Fuerza Aérea
El operativo de expulsión de migrantes contempla una coordinación entre distintas instituciones del Estado. El Servicio Nacional de Migraciones lidera la gestión administrativa, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fuerza Aérea de Chile participan en la ejecución logística y el traslado de las personas.
El senador Juan Luis Castro, integrante de la comisión de seguridad, señaló que estas acciones implican costos relevantes, pero recordó que corresponden a una de las principales promesas del Ejecutivo. También indicó que este tipo de operativos debe sostenerse en el tiempo para consolidarse como política pública.
Falta de recursos en Migraciones plantea desafíos al plan
Desde una perspectiva técnica, la diputada Joanna Pérez, presidenta de la comisión de Gobierno Interior, advirtió que el éxito del plan de expulsiones dependerá de la disponibilidad de recursos.
La parlamentaria indicó que el inicio de estos vuelos era esperable, pero enfatizó que el presupuesto actual podría limitar su implementación. En ese contexto, afirmó: “No puede ser que, con los pocos recursos que tiene Migraciones, eso sea hoy día un obstáculo. Tenemos que disponer de más recursos”.
Además, planteó la posibilidad de evaluar medidas complementarias, como incentivos para la salida voluntaria de migrantes, con el fin de reforzar la estrategia del Estado.
Debate por expulsión de migrantes tensiona agenda política
El inicio de los vuelos de expulsión de migrantes ha instalado un debate en el Congreso sobre la efectividad, alcance y sostenibilidad de la política migratoria. Mientras el Gobierno impulsa la continuidad de estas acciones, distintos sectores han puesto el foco en la capacidad operativa, los recursos disponibles y el cumplimiento de las metas planteadas.
Este primer operativo marca el punto de partida de una estrategia que continuará siendo evaluada en función de su implementación y resultados.