Un informe de la Contraloría General de la República encendió alertas sobre la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric, tras detectar una serie de irregularidades en la compra de terrenos.
De acuerdo con la auditoría, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adquirió suelos entre 2022 y 2024 sin cumplir plenamente los procedimientos exigidos, incluyendo casos en que se pagaron valores que duplicaron e incluso triplicaron el precio de referencia.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ausencia de un reglamento clave que debía regular estas operaciones. Este instrumento, que debía fijar criterios como precios, ubicación y condiciones técnicas, nunca fue dictado dentro del plazo legal.
Puntos críticos del informe
El informe también advierte problemas en la planificación territorial. En concreto, se detectó la compra de cerca de 252 hectáreas en regiones donde no era necesario adquirir terrenos, mientras que en zonas con mayor demanda habitacional los avances fueron significativamente menores.
A esto se suma el uso reiterado de compras por trato directo sin la debida justificación administrativa, situación que llevó al organismo fiscalizador a instruir sumarios para determinar eventuales responsabilidades.
Otro punto crítico identificado es que, en varios casos, el mismo organismo encargado de tasar los terrenos era el que posteriormente los compraba, sin un control externo independiente, lo que —según el informe— aumenta el riesgo de errores en la fijación de precios.
Además, la Contraloría advirtió que una parte importante de los terrenos adquiridos aún no cuenta con proyectos habitacionales asociados, pese a haber sido comprados hace más de tres años, lo que contradice el carácter de “emergencia” del plan.
El organismo concluyó que la ejecución del programa se alejó de los principios de eficiencia y control del gasto público, por lo que instruyó al ministerio adoptar medidas correctivas en plazos acotados.