El Gobierno del Presidente José Antonio Kast resolvió paralizar las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), luego de poner término anticipado al contrato de construcción de su segunda etapa.
La decisión se adoptó en medio de restricciones presupuestarias, las que —según se detalla en documentos oficiales— hacen inviable la continuidad del proyecto en las condiciones actuales.
En un oficio enviado a la empresa a cargo de las obras, desde la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas se indicó que “la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”, agregando que “no resulta posible dar continuidad” a la iniciativa.
El contrato contemplaba una inversión superior a los $114 mil millones y un plazo de ejecución de 750 días, por lo que su término anticipado marca un nuevo freno para un proyecto que ha enfrentado múltiples retrasos a lo largo de los años.
Un proyecto que vuelve a quedar en pausa
La ampliación del GAM buscaba aumentar su superficie desde 22 mil a 37 mil metros cuadrados, incorporando una gran sala para espectáculos y diversos espacios culturales.
Se trata de una iniciativa que se arrastra desde hace más de una década y que recién en marzo de este año había retomado sus obras, tras permanecer paralizada por largos periodos debido a problemas financieros y administrativos.
Críticas por nueva paralización
La decisión generó cuestionamientos desde autoridades locales. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, criticó la medida y advirtió que “nuevamente una obra clave para la ciudad queda inconclusa”.
En esa línea, sostuvo que “la ciudad no sólo se construye con casas, calles y autopistas. También necesita cultura y espacios de encuentro como el GAM”, llamando al Ejecutivo a reconsiderar la determinación.
Respuesta desde el Ejecutivo
Desde el Ministerio de Obras Públicas, el titular de la cartera, Martín Arrau, defendió la decisión y apuntó al alto costo del proyecto.
Según explicó, el contrato fue adjudicado por un monto considerablemente mayor al inicialmente licitado, en un contexto en que el Gobierno enfrenta un “déficit estructural”, por lo que —afirmó— se requiere mayor control del gasto público.