Este lunes se confirmó la detención de tres estudiantes acusados de participar en el ataque contra la ministra de Ciencia, Ximena Linconao, ocurrido en la ciudad de Valdivia.
El hecho se remonta a la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile, instancia en la que la autoridad fue agredida física y verbalmente por un grupo de manifestantes al interior del recinto.
De acuerdo a los antecedentes, los detenidos corresponden a alumnos de distintas carreras —entre ellas Bioquímica, Historia y Antropología— quienes fueron sindicados como los principales involucrados en los incidentes.
La detención se concreta luego de una serie de diligencias investigativas que permitieron identificar a quienes habrían tenido mayor participación en la agresión, en medio de un caso que generó amplio rechazo desde el mundo político.
Cabe recordar que, en un inicio, desde la casa de estudios se había señalado que los responsables no pertenecían a la universidad, versión que posteriormente fue descartada tras el avance de la investigación.
El ataque ocurrió cuando la ministra participaba de una actividad oficial, siendo increpada, empujada e incluso retenida momentáneamente por manifestantes, lo que derivó en una querella por atentado contra la autoridad.
Durante la jornada de este lunes, los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para la realización de la audiencia de formalización de la investigación, instancia en la cual la Fiscalía comunicará los hechos y la calificación jurídica respectiva.
Al respecto, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, señaló que “estos hechos son especialmente graves porque afectan directamente a autoridades en el ejercicio de sus funciones, lo que no solo compromete su integridad, sino también el normal desarrollo de actividades públicas. Como Ministerio Público, hemos actuado con celeridad para identificar a los responsables y seguiremos impulsando esta investigación con la máxima rigurosidad”. Asimismo, agregó que “nuestro deber es garantizar que conductas de esta naturaleza no queden impunes y que se resguarde el Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de ataques contra quienes cumplen funciones públicas”.