La presidenta de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, Soledad Larraín, junto a a los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner presentaron su renuncia a sus cargos, la cual se hará efectiva el próximo 15 de mayo.
Al momento de explicar los motivos detrás de esta renuncia, señalaron que “no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado”.
En esa línea, afirmaron que sostuvieron un diálogo de buena fe con las autoridades durante semanas. En dichas instancias presentaron propuestas de ajusto presupuestario, entregaron antecedentes técnicos y advirtieron los riesgos. “Lo hicimos con un único criterio: proteger a las personas víctimas y garantizar el cumplimiento del mandato del Estado”.
No obstante, argumentaron que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como la razón que les hace inviable continuar con su mandato. A modo de ejemplo, apuntaron a la desarticulación del equipo profesional, la alteración del modelo territorial y el debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios.
“La Comisión Verdad y Niñez no es una estructura administrativa. Es un proceso de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas frente a graves violaciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024. Ese proceso requiere condiciones básicas que hoy no están garantizadas”, indicaron.
En esa línea agregaron que “la escucha de testimonios no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético. Las personas afectadas no son fácilmente identificables ni accesibles sin trabajo territorial sostenido, sin acceso a registros históricos —aún negado— y sin equipos que hayan construido vínculos en contextos de alta desconfianza hacia el Estado. Para muchas víctimas, testimoniar es el primer acto de reparación".
La renuncia de los funcionarios de la Comisión
Los comisionados declararon que “hoy en día no solo está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar. Este mandato es una tarea de Estado, no de un gobierno. Así lo establecen los estándares internacionales y las obligaciones de Chile en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición”.
“Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica. No se trata de una discusión presupuestaria: cuando se desarticulan dispositivos especializados bajo criterios administrativos, se altera su sentido. Cuando se limita la autonomía de una Comisión de Verdad, se compromete gravemente su capacidad de cumplir su mandato”, escribieron.
En esto se basaron para tomar la decisión de dar un paso al costado, pero recalcaron que esto no sucede en un afán de abandonar su responsabilidad, sino que “para no avalar decisiones que la ponen en riesgo. Confiamos en que el Estado de Chile sabrá corregir este curso”.
Los firmantes indicaron que su renuncia se hará efectiva el 15 de mayo, y trabajarán por una transición responsable, entregando los avances y aprendizajes para que se continúe lo construido.
“La verdad no pertenece a una Comisión: pertenece a las víctimas, a las y los sobrevivientes y a la sociedad en su conjunto (...) Esperamos que quienes continúen esta importantísima tarea puedan hacerlo con mejores condiciones a las que hoy consideramos insuficientes”, cerraron.