La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, anunció la publicación del nuevo decreto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), normativa que fija metas de recolección y reciclaje para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos en todo el país.
La medida apunta a facilitar el reciclaje de residuos como celulares, computadores, tablets, refrigeradores, lavadoras y microondas, mediante la habilitación de nuevos puntos limpios y puntos verdes, además de campañas de retiro domiciliario y espacios de recepción en grandes comercios.
Según datos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos y más de 2.600 toneladas de pilas al año, liderando la producción de “chatarra electrónica” en Latinoamérica con más de 10 kilos por persona anuales. Sin embargo, actualmente solo se recicla el 4,1% de estos residuos.
“La publicación de este decreto marca un nuevo hito ambiental para nuestro país, porque establece metas y obligaciones concretas para avanzar en la recolección, reparación, reutilización y reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos”, sostuvo la ministra Toledo.
La normativa establece que las empresas que comercializan estos productos deberán financiar y organizar su recolección una vez finalizada su vida útil. Las metas comenzarán a aplicarse desde mayo de 2028 y subirán gradualmente hasta alcanzar un 45% de recolección y valorización en un plazo de diez años.
El decreto también contempla la instalación progresiva de puntos limpios en 36 comunas, desde Arica hasta Punta Arenas, además de campañas de recolección domiciliaria al menos dos veces al año y puntos de recepción en tiendas de más de 400 metros cuadrados que vendan este tipo de productos.
“Queremos que reciclar sea cada vez más simple, más cercano y más accesible. Que las personas no tengan que acumular aparatos en sus casas ni ver electrónicos abandonados en barrios, calles o microbasurales”, agregó la secretaria de Estado.
La fiscalización de esta normativa quedará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo que podrá aplicar multas de hasta 10 mil UTA en caso de incumplimientos.