El Gobierno ingresó este jueves una indicación que busca dar un giro en la gestión de la crisis migratoria. La propuesta apunta a solucionar los nudos críticos que hoy dificultan las expulsiones administrativas, estableciendo una estructura legal más ágil y dotando de mayores herramientas a la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.
Específicamente, en la comisión de Gobierno del Senado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio a conocer una primera norma legal para identificar a extranjeros que no se encuentren con su documentación regularizada.
¿De qué se trata? Obliga a instituciones de salud, previsionales y educacionales a informar a las autoridades sobre migrantes irregulares que realicen trámites en dichos organismos.
La propuesta fue impulsada junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), y forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca incorporar para reforzar el control migratorio y mejorar los procesos de identificación de extranjeros en situación irregular.
Al respecto, Pavez defendió la iniciativa y aseguró que apunta a fortalecer el registro estatal.
“Es importante que el Estado sepa quiénes ingresan. Y esta modificación cumple ese propósito”, afirmó el subsecretario en conversación con La Segunda.
La norma indica que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación“.