El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó bajar la tensión tras la controversia generada por la propuesta del Gobierno que busca que organismos públicos entreguen información sobre migrantes irregulares en el marco de procesos de expulsión administrativa.
La iniciativa, presentada en medio de la discusión legislativa sobre expulsiones administrativas, contempla que instituciones de salud y educacionales puedan proporcionar antecedentes a las autoridades migratorias respecto de personas extranjeras en situación irregular.
La medida provocó cuestionamientos desde organizaciones migrantes, parlamentarios y también desde el propio Ministerio de Salud, debido a eventuales conflictos con la confidencialidad de los datos personales y el acceso a derechos básicos.
Frente a las críticas, Pavez aseguró que la propuesta ha sido malinterpretada.
“No estamos pidiendo denunciar personas”, afirmó el subsecretario en conversación con ‘Estado Nacional’ de TVN.
La autoridad explicó que el objetivo es facilitar el acceso a información cuando ya exista un procedimiento administrativo en curso contra una persona extranjera.
“Lo que se busca es que, una vez iniciado un proceso de expulsión, el Estado pueda acceder a ciertos datos para ubicar a esa persona”, sostuvo también a T13 Radio.
Pavez además insistió en que la iniciativa no apunta a restringir prestaciones esenciales ni a impedir atenciones médicas o acceso a educación.
“Nadie va a dejar de atenderse en un hospital ni un niño va a dejar de ir al colegio”, señaló.
El subsecretario también defendió la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para ejecutar expulsiones administrativas.
“Hoy muchas expulsiones no se concretan porque simplemente no sabemos dónde están las personas”, argumentó.