La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Gendarmería habilitar acceso restringido a internet para el interno Marcelo Moya, condenado por pornografía infantil y abuso sexual, luego que el interno obtuviera puntaje nacional en la PAES 2025 y solicitara estudiar Ingeniería desde la cárcel mediante modalidad online.
El interno cumple una condena de 12 años de prisión por almacenamiento y producción de material de explotación sexual infantil, además de abuso sexual contra una menor de 14 años. Actualmente permanece recluido y, según antecedentes revelados por Biobío Chile, su pena finalizaría el 28 de octubre de 2029.
La historia de Marcelo Moya comenzó a tomar notoriedad en 2014, cuando autoridades alemanas emitieron una alerta internacional tras detectar descargas de material de explotación sexual infantil desde una dirección IP ubicada en Chile. Interpol rastreó el origen de la conexión y la investigación condujo hasta el domicilio de su padre.
Al llegar al lugar, Moya reconoció los hechos y colaboró con la policía entregando notebooks, teléfonos y discos duros que contenían archivos vinculados a la investigación. Posteriormente fue formalizado y condenado por los delitos relacionados con explotación sexual infantil y abuso contra una menor.
Mientras cumple condena, el recluso decidió retomar sus estudios y durante este año rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde obtuvo puntaje nacional, de acuerdo con documentación del DEMRE citada por el mencionado medio.
Tras conocer sus resultados, manifestó su intención de estudiar Ingeniería en modalidad online y solicitó formalmente a Gendarmería autorización para utilizar un computador con acceso limitado a internet, exclusivamente destinado a plataformas educativas.
Sin embargo, la institución rechazó inicialmente la petición argumentando problemas técnicos y de infraestructura. Según expusieron, el recinto penitenciario no contaba con espacios habilitados para internos que requirieran conexión a internet, ni tampoco con computadores disponibles fuera de los utilizados en talleres del penal.
A ello se sumó la preocupación por el eventual mal uso de internet considerando los delitos por los cuales fue condenado. Desde Gendarmería plantearon que habilitar acceso a la red para un interno sentenciado por delitos sexuales vinculados al uso de material digital implicaba riesgos relevantes en materia de seguridad.
Pese a ello, la defensa del condenado, encabezada por el abogado Ricardo Bravo Cornejo, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El profesional sostuvo que la solicitud no buscaba otorgar navegación libre, sino acceso totalmente controlado y supervisado.
“No estamos frente a un permiso general para navegar en internet, sino ante una medida acotada, fiscalizable y compatible con la seguridad penitenciaria”, afirmó el abogado al citado medio.
Finalmente, el tribunal acogió la acción judicial y determinó que, aun estando privado de libertad, Moya mantiene su derecho a la educación. En esa línea, la Corte ordenó a Gendarmería realizar las gestiones necesarias para habilitar un espacio físico con computador y acceso restringido a plataformas académicas.
El fallo además estableció que las dificultades técnicas planteadas por la institución “son salvables” y que negar completamente el acceso vulneraba derechos reconocidos tanto en tratados internacionales como en el reglamento penitenciario chileno.
De acuerdo con la investigación publicada por Biobío Investiga, Gendarmería no alcanzó a presentar recursos dentro del plazo legal, por lo que la resolución quedó firme y deberá cumplirse obligatoriamente.
“Si el sistema penal busca que las personas no reincidan y puedan reconstruir un proyecto de vida, entonces debe facilitar, con controles, por supuesto, el acceso a estudios, capacitación y formación”, declaró el defensor.