Nuevos antecedentes se conocieron en torno al caso de la niña de dos años que murió tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes. Esta vez, se reveló parte de la declaración entregada por su padre, Jorge Constanzo, quien intentó explicar por qué el departamento no contaba con mallas de seguridad.
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El imputado sostuvo que “rara vez llevaba a la niña” al inmueble, razón por la que no habría considerado necesaria la instalación de protecciones en las ventanas.
Específicamente, el abogado defensor de Jorge Constanzo, Cristian Santander Garrido, precisó que “rara vez llevaba a la niña al departamento, y colocó las mallas en el sector donde ella jugaba, que era el living comedor y la terraza, estimando en ese momento que no era necesario poner mallas en el resto de las ventanas porque la niña no utilizaba esa habitación, ya que nunca pernoctaba con el padre”.
Sin embargo, el abogado defensor, aseguró que en aquella oportunidad la madre de la menor no realizó observaciones respecto a otras dependencias del departamento. “No hubo ningún cuestionamiento por parte de la madre, ningún reparo en relación al resto de las habitaciones”, afirmó.
En esa línea, el jurista sostuvo que la mujer también pudo haber solicitado pruebas de que las protecciones habían sido instaladas en otras áreas del inmueble. “Perfectamente pudo haber pedido ella que le enviaran un registro de que se habían puesto mallas en las otras habitaciones”, agregó.
“En el avenimiento aparece en forma genérica que se va a dotar el departamento con medidas de seguridad mínimas, como por ejemplo, mallas. Solamente eso, en términos muy generales, no hay una petición específica”, explicó el abogado.
Durante la audiencia también se conoció que Constanzo reconoció haber consumido alcohol antes del accidente y que se quedó dormido mientras estaba a cargo de la menor.
En un inicio, el tribunal había decretado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Sin embargo, posteriormente la Corte de Apelaciones revocó esa decisión y ordenó la prisión preventiva del imputado, considerando la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad.