Durante la jornada de este domingo 24 de mayo, la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, decidió romper el silencio después de que se filtraron detalles de la demanda de divorcio que presentó su expareja, Percy Marín.
A través de redes sociales, diversos usuarios empezaron a compartir información que recabaron del documento que debería ser reservado debido a que es una causa de los Tribunales de Familia.
“Respecto de la demanda presentada por Percy Marín en mi contra, en mi calidad de ciudadana y no de senadora, informo que el Juzgado de Familia resolvió decretar la prohibición de divulgación de antecedentes, datos e información”, indicó.
“Asimismo, hago presente que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya se encuentra investigando la filtración de información vinculada a esta causa”, continuó la senadora.
A modo de cierre, la parlamentaria declaró que “por lo anterior, reitero el llamado a actuar con responsabilidad y respeto al cumplimiento de las resoluciones judiciales vigentes”.
Allanan oficinas de Camila Flores en el Congreso
Este no es el único escándalo que pesa sobre Camila Flores, ya que a principios de mes fue protagonista de un operativo que sacudió los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso.
Personal del OS-9 de Carabineros ejecutó una entrada y registro en las dependencias de la parlamentaria Camila Flores. La diligencia, coordinada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, buscó levantar evidencia clave en el marco de una indagatoria penal que involucra el uso de asignaciones parlamentarias y presuntas irregularidades en el pago de asesorías.
El procedimiento comenzó temprano, cuando los efectivos policiales ingresaron al edificio legislativo con una orden judicial en mano. Centraron su labor en el retiro de computadores, dispositivos electrónicos y carpetas con documentación contable.
Este movimiento judicial surge tras una serie de denuncias que apuntan a un posible fraude al fisco, centrando la lupa en cómo se gestionaron los dineros públicos destinados al trabajo territorial y legislativo de la oficina.
Desde el Ministerio Público indicaron que la diligencia resultó indispensable para avanzar en la carpeta investigativa. Según fuentes vinculadas al caso, se busca establecer si los servicios contratados se realizaron efectivamente o si existió un desvío de fondos hacia fines ajenos a la labor del Senado. Una voz oficial dentro del recinto comentó sobre la situación: “Se trata de un procedimiento estándar dentro de una investigación de esta complejidad, donde la recolección de material digital es prioritaria para determinar responsabilidades”.