El Gobierno de Chile dio a conocer este lunes los primeros resultados de la denominada auditoría total aplicada a organismos públicos durante el período 2022-2026, revisión que detectó alertas fiscales por más de US$9.200 millones.
Tras el análisis encabezado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, se instruyó abrir investigaciones en la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la ANID.
De acuerdo con Biobio Chile, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, señaló que durante el proceso detectaron “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.
Auditoría al Gobierno revisó más de 913 millones de datos
La revisión incluyó más de 913 millones de registros provenientes de más de 500 servicios públicos.
De acuerdo con el Ejecutivo, entre los principales hallazgos aparecen rendiciones inferiores a los pagos efectuados, organismos receptores de fondos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles reiteradas al mismo proveedor en un mismo día, incumplimientos contractuales, subejecución presupuestaria superior al 30%, concursos públicos sin adjudicación y licencias médicas sin recuperación del subsidio correspondiente.
El informe indicó además que las alertas involucran recursos públicos que superan los 9.200 millones de dólares.
Pagos postergados y compras directas concentran parte importante del monto
Dentro de los antecedentes expuestos se informaron US$3.200 millones en pagos postergados, cifra equivalente a cerca del 1% del PIB.
Entre los programas involucrados figuran US$268 millones destinados a 9.986 pymes proveedoras del Estado, US$400 millones en gratuidad universitaria, US$650 millones asociados a la Junaeb y US$1.000 millones correspondientes a proveedores de atención de salud.
También se reportaron US$3.170 millones en trato directo o compra ágil en procesos donde existían condiciones para realizar licitaciones públicas, con un costo estimado de US$760 millones.
Licencias médicas y organismos públicos quedaron bajo observación
En el detalle entregado se mencionaron organismos como Cenabast, el Registro Civil, el Servicio de Salud Sur, además de hospitales en Puerto Montt, La Florida, Viña del Mar e Iquique.
A ello se sumaron US$150 millones pendientes por recaudar vinculados a licencias médicas otorgadas mediante subsidio laboral.
Los resultados forman parte del avance inicial de la auditoría fiscal del Gobierno, mientras continúan las revisiones administrativas en los organismos señalados.