El diputado del Partido Republicano Alejandro Riquelme salió a responder luego de que se conociera una investigación por un subsidio habitacional adjudicado a su pareja, Susan Chicuy, beneficio que estaba destinado a familias vulnerables.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Regional de Magallanes, luego de una denuncia presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), donde se acusa una eventual omisión de antecedentes socioeconómicos y familiares durante la postulación al subsidio.
Según los antecedentes revelados, la mujer no habría incorporado al parlamentario en el Registro Social de Hogares (RSH), lo que habría permitido reducir su calificación socioeconómica y acceder al beneficio habitacional.
Tras la polémica, Riquelme descartó haber cometido alguna irregularidad y sostuvo que la existencia de una investigación no implica culpabilidad. Además, acusó que la difusión del caso coincide con fiscalizaciones que él mismo ha impulsado en proyectos habitacionales de Magallanes.
En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, defendió la decisión de investigar el caso y aseguró que cualquier denuncia relacionada con un eventual mal uso de viviendas sociales será revisada, independiente del sector político involucrado.
“En ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C”, afirmó el secretario de Estado.
De acuerdo con la denuncia del Serviu, la pareja del parlamentario habría accedido al proyecto habitacional Estepa Austral I mediante un mecanismo de reemplazo de beneficiarios, situación que también está siendo revisada por el Ministerio Público.
La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó que actualmente se realizan diligencias para determinar si existieron o no irregularidades en la obtención del subsidio.
La defensa del diputado
A través de una declaración publicada en su cuenta de Instagram, el diputado republicano aseguró que en torno al caso se han difundido “antecedentes falsos” y recalcó que el proyecto habitacional cuestionado corresponde a un convenio entre el Gore y el Minvu aprobado en 2021, antes de su ingreso a la política y de asumir como consejero regional.
Respecto al subsidio investigado, sostuvo que, según la información que maneja, el beneficio fue otorgado tras la evaluación realizada en 2022 por una asistente social de la entidad patrocinante mandatada por el Serviu. Asimismo, afirmó que al momento de la postulación mantenía una separación y no convivía con su expareja.
“La información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, precisó el parlamentario.