El Gobierno dio un nuevo paso en su ofensiva contra la evasión del transporte público. Un decreto que ya recibió la aprobación de la Contraloría General de la República permitirá aplicar sanciones más estrictas a quienes no paguen su pasaje en buses y otros servicios regulados, incluyendo restricciones para obtener pasaporte e ingresar a recintos deportivos.
La iniciativa busca enfrentar uno de los problemas más persistentes del sistema de transporte, que durante años ha impactado el financiamiento y funcionamiento de los servicios públicos de movilidad.
Entre las medidas contempladas por la nueva normativa destaca la prohibición de acceder a los buses por la puerta trasera, una práctica que históricamente ha facilitado la evasión en distintos recorridos del país. Sin embargo, las sanciones que más debate han generado son aquellas vinculadas al Registro de Infractores.
Este registro reúne a las personas que han sido sancionadas por no pagar el transporte público y mantienen multas pendientes. Con el nuevo decreto, distintas instituciones podrán consultar esta base de datos para aplicar restricciones establecidas por la ley.
Una de ellas podría afectar directamente la obtención de documentos. En la práctica, quienes figuren como infractores y no regularicen su situación podrían enfrentar impedimentos para solicitar o renovar su pasaporte ante el Registro Civil.
Asimismo, la normativa contempla la prohibición de ingresar a estadios para quienes aparezcan en el registro, ampliando así las consecuencias de una infracción que hasta ahora estaba asociada principalmente al pago de multas.
Desde el Ministerio de Transportes defendieron la medida y aseguraron que permitirá fortalecer la fiscalización y mejorar la capacidad del Estado para sancionar a quienes incumplen la normativa.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, señaló que el decreto permitirá “avanzar, ser más eficientes en reducir la evasión y sancionar con medidas más eficientes a los evasores”, destacando que el fenómeno continúa generando importantes pérdidas económicas para el sistema.
No obstante, la iniciativa también ha despertado cuestionamientos. El experto en transporte Ariel López planteó dudas respecto de la proporcionalidad de algunas sanciones, especialmente aquellas relacionadas con la emisión de pasaportes.
A su juicio, existen otras infracciones económicas de similar o mayor impacto que no enfrentan consecuencias equivalentes. “Es desproporcionado. Si alguien evade impuestos no tiene esa pena, o los evasores del TAG tienen sanciones mucho más bajas”, argumentó, según consignó T13.
Aunque aún resta definir aspectos operativos para su implementación, se espera que las nuevas medidas comiencen a aplicarse durante los próximos meses, marcando un endurecimiento significativo en la lucha contra la evasión del transporte público en Chile.